La liebre y la tortuga

EL RECONOCIMIENTO de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio parte de una hipótesis que, si se demostrara que es falsa, haría inviable el actual modelo de mili: ser una opción de minorías. Desde el momento en que lo que se consideraba excepción se convirtiera en norma habría que reconsiderar el actual marco legal: la mili obligatoria sería imposible si los objetores fueran mayoría, como parece ocurrir ya en algunas comunidades (y singularmente en el País Vasco). La cifra media es mucho menor, pero de todas formas aumenta cada año: el 15% de jóvenes que objetaron en 1992 supus...

EL RECONOCIMIENTO de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio parte de una hipótesis que, si se demostrara que es falsa, haría inviable el actual modelo de mili: ser una opción de minorías. Desde el momento en que lo que se consideraba excepción se convirtiera en norma habría que reconsiderar el actual marco legal: la mili obligatoria sería imposible si los objetores fueran mayoría, como parece ocurrir ya en algunas comunidades (y singularmente en el País Vasco). La cifra media es mucho menor, pero de todas formas aumenta cada año: el 15% de jóvenes que objetaron en 1992 supuso un aumento del 20% en relación con el año anterior.Ese rapidísimo aumento-Españaes, después de Alemania, el segundo país europeo en número de objetores- ha solido explicarse por lo tardío de su reconocimiento. También, a partir de 1990, por el auge del antimilitarismo estimulado por los conflictos y, más concretamente, por la guerra del Golfo. Los expertos daban por seguro que, una vez superado el impacto de esa guerra en la sociedad española, el fenómeno de la objeción de conciencia se estabilizaría. Y a ello contribuiría la promulgación, a finales de 1991, de la nueva Ley del Servicio Militar, con la que se cerraba el periodo de incertidumbre y de provisionalidad existente en la década de los ochenta. Pero la existencia de un marco legal definitivo, que incluye un modelo mixto con creciente participación del voluntariado y la reducción de los periodos de mili y del servicio social sustitutorio (de 12 a 9 meses v de 18 a 13 meses, respectivamente), no ha bastado, de momento, para desactivar las causas que están detrás del rechazo a la mili obligatoria y, mucho menos, el movimiento deslegitimador de dicho servicio que promueven los llamados insumisos.

Estos últimos, en cuanto cuestionan cualquier modelo de servicio militar, suministran una carga ideológica y una dosis de conflictividad -social, personal y legal- de evidentes efectos radicalizadores sobre el conjunto del movimiento de objeción, aunque no todos los objetores compartan su actitud. El derecho a discrepar de una norma legítima no autoriza a ignorarla ni garantiza la impunidad. Pero es cierto que al Estado de derecho se le plantea un dilema práctico a la hora de aplicar el Código Penal y condenar a prisión a unos jóvenes que infringen una norma sobre cuya próxima e inevitable modificación o supresión existe un creciente consenso social -especialmente entre los propios jóvenes- Las dudas que embargan a algunos jueces no dejan de reflejar la diferente velocidad a la que se mueven la percepción social del servicio de las armas y la ley que lo regula.