Gil-Robles pide "máximo respeto" para los extranjeros

Durante 1992 llegó a España una avalancha de miles de ciudadanos que en su país sufren hambre o persecución política. Frente a esta invasión, parte de la sociedad ha pretendido levantar una muralla que se ha traducido en brotes xenófobos, a los que no son ajenos los propios funcionarios de la Administración, según denuncia en su última memoria anual el defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles. Ante tal situación, éste no ha dudado en alzar su voz: "Deben respetarse por encima de todo las garantías legales vigentes, máxime si con ello llega a evitarse un error de consecuencias incalcul...

Durante 1992 llegó a España una avalancha de miles de ciudadanos que en su país sufren hambre o persecución política. Frente a esta invasión, parte de la sociedad ha pretendido levantar una muralla que se ha traducido en brotes xenófobos, a los que no son ajenos los propios funcionarios de la Administración, según denuncia en su última memoria anual el defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles. Ante tal situación, éste no ha dudado en alzar su voz: "Deben respetarse por encima de todo las garantías legales vigentes, máxime si con ello llega a evitarse un error de consecuencias incalculables" para los extranjeros que demandan la hospitalidad española.El Defensor del Pueblo "llama la atención" sobre el hecho de que el racismo no es un fenómeno nuevo en España y cita expresamente la marginación de los gitanos.

El informe de Gril-Robles recoge el caso de un estudiante norteamericano, de raza negra, que perdió el conocimiento tras ser golpeado brutalmente por un grupo de cinco cabezas rapadas cuando estaba escribiendo una carta en un banco público de Alcalá de Henares (Madrid). Según la víctima, el incidente se produjo sin que mediara palabra entre él y sus atacantes. Por puro racismo. Otro universitario de la misma localidad, también norteamericano y de raza negra, denunció que el dueño de un bar se negó a atenderle "porque tenía órdenes de no servir a gente de color". El joven explicó también que "en alguna ocasión le han preguntado en la calle si vendía droga, en una clara relación entre el color de su piel y el tráfico de estupefacientes".

El Defensor del Pueblo investiga lo ocurrido recientemente en un hospital de Santa Cruz de Tenerife, donde un cirujano expulsó del quirófano a una enfermera porque "no le gustaba trabajar con negros", según consta en el informe entregado hace unos días por Gil-Robles al presidente del Congreso, Félix Pons. Algunos de los más férreos defensores de la muralla española son los policías de los puestos fronterizos. El Defensor del Pueblo reconoce que las quejas motivadas por la actuación de tales agentes han sido "numerosas". El análisis de las denuncias revela que muchos policías creen que los ciudadanos de países pobres que pretenden entrar en España lo hacen "con el único objetivo de buscar trabajo", sin aceptar que puedan hacerlo por turismo o para visitar a algún pariente. La ley ha sido vulnerada incluso por los jueces. Uno ordenó que dos marroquíes y un albanés fueran encarcelados en Cádiz, mientras se tramitaba el expediente de expulsión por estar ilegalmente en España.