Decretada la prisión para un abogado de HB y detenida una dirigente de las Gestoras

La Ertzaintza (policía autonómica vasca) detuvo ayer en Vitoria a Bittori Rekalde, secretaria del abogado de Gestoras Pro Amnistía Txema Matanzas. Es la tercera detención que se produce en 24 horas, en lo que se considera una intensificación del acoso judicial contra destacados miembros de la llamada estructura civil de apoyo a la banda armada.El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, calificó ayer a los abogados de HB de "mensajeros de ETA". Atutxa no confirmó si la detención de Rekalde guarda relación con la de los abogados Gorostiza y Zulueta, pero se refirió a los let...

La Ertzaintza (policía autonómica vasca) detuvo ayer en Vitoria a Bittori Rekalde, secretaria del abogado de Gestoras Pro Amnistía Txema Matanzas. Es la tercera detención que se produce en 24 horas, en lo que se considera una intensificación del acoso judicial contra destacados miembros de la llamada estructura civil de apoyo a la banda armada.El consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, calificó ayer a los abogados de HB de "mensajeros de ETA". Atutxa no confirmó si la detención de Rekalde guarda relación con la de los abogados Gorostiza y Zulueta, pero se refirió a los letrados de las Gestoras en estos términos: "Yo vengo diciendo que no se trata de abogados defensores, sino de abogados mensajeros de ETA. Como consecuencia de ese hecho constatable, se ha producido la detención de dos personas".

Atutxa añadió que cada vez son más los reclusos de ETA que denuncian las presiones de estos abogados. "En las prisiones, una gran parte de los presos no están de acuerdo con esto y lo denuncian, echándole valor, a través de las cartas".

Precisamente ayer, el antiguo etarra Isidro Etxabe, que se encuentra en tercer grado penitenciario y fue expulsado el pasado mes de junio de la banda terrorista por sus críticas a la dirección, manifestó ayer ante autoridades judiciales de la Audiencia Nacional que tiene miedo a posibles represalias de ETA.

El registro de la sede de Gestoras Pro Amnistía en Vitoria se produjo ayer por decisión del titular del Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que el día anterior había ordenado la detención de Gorostiza y Zulueta.

La secretaria de Txema Matanzas fue detenida por orden del mismo magistrado. Este juez investigó en marzo de 1992, según informó este diario, la presunta relación de Matanzas con dos colaboradores del comando Vizcaya. Tras su detención, Bittori Rekalde fue trasladada para su interrogatorio a las dependencias de la Ertzaintza.

La policía vasca rodeó y mantuvo bajo control la sede de las Gestoras en Vitoria desde las diez de la mañana. Nadie pudo entrar ni salir desde esa hora hasta la finalización del registro, en torno a las cuatro de la tarde. El titular del Juzgado número de 3 de Instrucción de Vitoria, José Miguel Martínez, comenzó poco después de las once de la mañana el registro, durante el cual se incautó de la agenda del abogado Matanza y de varias cajas y bolsas de documentación.

Fuentes de la investigación manifestaron ayer que los detenidos han colaborado con ETA en los siguientes aspectos: impartir consignas en las prisiones entre los reclusos de la banda terrorista, trasladar a la organización datos sobre la situación en las prisiones y, lo que es más comprometido y operativo, informar a la dirección de lo que habían declarado los internos con el fin de que en la cúpula etarra se conociera si la estructura humana y material de cada provincia seguía intacta o, por el contrario, estaba quemada.

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, responsable de las tres detenciones, decretó ayer la prisión de Gorostiza. Zulueta quedó en libertad tras haberle impuesto una fianza de 300.000 pesetas. La abogada negó ante el juez que la voz grabada en una cinta que escuchó fuera la suya (ver página siguiente).

Por otro lado, una juez de vigilancia de Madrid, María del Prado Torrecilla, estudió ayer una queja de los dos abogados detenidos porque no se les dejó entrar a Alcalá-Meco para hablar con presos etarras. No pudieron entrar, según fuentes jurídicas, porque carecían de la preceptiva autorización de la Audiencia Nacional.