Confirmada la pena de dos años de cárcel para el sindicalista marroquí Amaui
El tribunal de primera instancia de Rabat confirmó ayer la pena de dos años de prisión impuesta al sindicalista marroquí Nubir Amaui por supuestas difamaciones al Gobierno. Al Finalizar la vista de apelación contra la sentencia y escuchar su confirmación, Amaui levantó el puño y exclamó: "Combatir hasta la victoria", frase que fue acogida con aplausos por el público presente en la sala.
Durante la vista, que finalizó en la madrugada de ayer, Amaui, dirigente de la Confederación las Fuerzas Populares, reivindicó una monarquía parlamentaria y una democracia real para su país, en la qu...
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El tribunal de primera instancia de Rabat confirmó ayer la pena de dos años de prisión impuesta al sindicalista marroquí Nubir Amaui por supuestas difamaciones al Gobierno. Al Finalizar la vista de apelación contra la sentencia y escuchar su confirmación, Amaui levantó el puño y exclamó: "Combatir hasta la victoria", frase que fue acogida con aplausos por el público presente en la sala.
Durante la vista, que finalizó en la madrugada de ayer, Amaui, dirigente de la Confederación las Fuerzas Populares, reivindicó una monarquía parlamentaria y una democracia real para su país, en la que el Gobierno sea a la vez responsable y representativa. "Nosotros queremos poner fin a la corrupción y a la depravación", aseguró Amaui en un pequeño discurso. El sindicalista recalcó que las declaraciones efectuadas al diario EL PAíS, el pasado mes de marzo, y que han motivado este procedimiento judicial, no constituían ni una difamación ni un insulto. "Yo simplemente he criticado", acabó afirmando el líder obrero.
La vista de apelación ha durado cinco días. En este procedimiento han estado representados un millar de abogados de todo Marruecos, pero sólo 13 de ellos han participado personalmente en los debates finales. El equipo de juristas defensores, coordinados por el abogado Mohamed Seddiki, había reclamado la libre absolución y el sobreseimiento de la causa y en su defecto la libertad provisional del implicado mientras no se dicte un veredicto definitivo en el Tribunal Supremo. El ministerio fiscal reclamaba el agravamiento de la sentencia anterior pasando de dos a tres años de cárcel, que es la condena máxima para este tipo de delitos.