La gran mascarada

YA ESTÁ bien de comedia. Las empresas del grupo KIO en España han originado la mayor suspensión de pagos de la historia de este país, la querella por motivos económicos más espectacular jamás presentada en los juzgados y la crisis industrial y laboral más preocupante de los últimos años. Y, sin embargo, nadie es responsable de ella. ¿Nadie? Sí: el Gobierno, los kuwaitíes, la crisis económica, la guerra del Golfo y un largo etcétera hasta llegar casi al Papa de Roma. Esto es, todo el mundo en primera instancia, y sólo en último lugar y de pasada el equipo que gestionó el grupo empresarial en el...

YA ESTÁ bien de comedia. Las empresas del grupo KIO en España han originado la mayor suspensión de pagos de la historia de este país, la querella por motivos económicos más espectacular jamás presentada en los juzgados y la crisis industrial y laboral más preocupante de los últimos años. Y, sin embargo, nadie es responsable de ella. ¿Nadie? Sí: el Gobierno, los kuwaitíes, la crisis económica, la guerra del Golfo y un largo etcétera hasta llegar casi al Papa de Roma. Esto es, todo el mundo en primera instancia, y sólo en último lugar y de pasada el equipo que gestionó el grupo empresarial en el último lustro, encabezado por Javier de la Rosa.Al menos así parece desprenderse de la lectura de lo declarado en los últimos días por diversos dirigentes del Partido Popular, el presidente de la patronal, la prensa sensacionalista y -lo que resulta más lógico y coherente- el propio De la Rosa, en un fuego dialéctico cruzado que converge en una clara maniobra de dispersión de la responsabilidad principal hacia agentes económicos, entidades o administraciones cuyos errores, incumplimientos o falta de vigilancia, sin ser leves, constituyen en todo caso una responsabilidad derivada.

El Partido Popular ha amenazado con una querella criminal por prevaricación contra el presidente del Gobierno, salvo que el Grupo Socialista se avenga a crear una comisión parlamentaria de investigación. Fatal medio para perseguir un fin conveniente. Los 81.000 millones de ayudas públicas directas o indirectas concedidos a las empresas de KIO y el cumplimiento o no de la legislación vigente merecen una explicación y, en su caso, una investigación parlamentaria. Pero para conseguirlo resulta procedimentalmente atípico e institucionalmente disolvente enarbolar, a modo de chantaje, la amenaza de una querella. Si el PP tiene datos sobre una presunta actuación delictiva del Gobierno, debe llevarlos al juzgado, independientemente de que reclame las. responsabilidades políticas pertinentes en el ámbito parlamentario. En caso contrario, está obstruyendo la actuación de la justicia o incurriendo en acusaciones calumniosas.

El presidente de la patronal, José María Cuevas, ha salido en apoyo de estas posiciones arguyendo que el Gobierno no debe despachar las amenazas de querella con comentarios chuscos o amenazadores, porque el Ejecutivo ha sido poco riguroso con las inversiones de KIO. Cuevas pretende así erigirse en juez, quizá creyendo que todo el mundo ha olvidado su condición de parte en el litigio: el dirigente patronal ostenta la condición de consejero de la compañía Sarrió, y lo fue durante un tiempo de Torraspapel, antigua cabecera industrial del grupo Torras, portaestandarte de las inversiones de KIO en España.

Los hechos económicos del asunto se concretan en una volatilización de inversiones por una cuantía cercana al medio billón de pesetas, una suspensión de pagos de 250.000 millones (entre otras), unas crisis industriales en cadena y un grave peligro para 35.000 empleos directos y el doble de indirectos. Por más que la espantada de KIO de su actividad inversora haya contribuido a agravar estos problemas, y por más que su evidente torpeza en el replanteamiento de su actividad en España los haya multiplicado, los problemas, surgieron con anterioridad, por el vaciado de activos de las empresas y la frenética actividad especulativa en Bolsa. Los incumplimientos de los actuales directivos kuwaitíes, el defecto de celo en la vigilancia del Gobierno español y en algunas de sus instituciones son problemas añadidos a dilucidar. Hay que poner a los responsables de estos organismos frente a sus responsabilidades. Pero éstas vienen después o se producen a causa de una gestión atípica.

Después está la cuestión judicial. En su querella, KIO imputa a Javier de la Rosa y sus colaboradores haberse beneficiado en más de 50.000 millones de pesetas mediante los presuntos delitos de estafa, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas -entre otros-, y denuncia la pura y simple evaporación de otros 70.000 millones. El financiero responde que todas sus actuaciones fueron legales y aprobadas por los pertinentes consejos de administración. Corresponde al juez admitir o no a trámite la querella. Además, deben aclararse, si existen, los blindajes practicados: si los antiguos gestores kuwaitíes eximen a los españoles y viceversa. Es decir, la verdad profunda de lo ocurrido con las inversiones de KIO en España.

Pero en caso de haberse producido algunas -o todas- de esas irregularidades, sus primeros responsables no son otros que los gestores y, en su caso, algunos consejeros del equipo anterior. Lo que es insólito es poner la carreta antes que los bueyes y representar una mascarada.