La prensa británica se rebela contra el informe oficial que limita la publicación de asuntos privados

El Gobierno británico ha decidido pasar factura a la prensa por su acoso a la familia real y sus revelaciones sobre la vida privada de los políticos. El primer ministro, John Major, tiene sobre la mesa un informe que recomienda crear un tribunal especial para los medios de comunicación y la aplicación de severas restricciones a la libertad informativa. Según Lord McGregor, presidente de la actual Comisión de Quejas contra la Prensa, la aplicación del informe supondría "la implantación de la censura por primera vez en 300 años". La reacción en contra ha sido unánime entre los periodistas.
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El Gobierno británico ha decidido pasar factura a la prensa por su acoso a la familia real y sus revelaciones sobre la vida privada de los políticos. El primer ministro, John Major, tiene sobre la mesa un informe que recomienda crear un tribunal especial para los medios de comunicación y la aplicación de severas restricciones a la libertad informativa. Según Lord McGregor, presidente de la actual Comisión de Quejas contra la Prensa, la aplicación del informe supondría "la implantación de la censura por primera vez en 300 años". La reacción en contra ha sido unánime entre los periodistas.

La propuesta es tan dura que el propio gobierno está dividido. Y las empresas periodísticas y las organizaciones profesionales se muestran indignadas por las recomendaciones del informe, solicitado por John Major al abogado Sir David Calcutt.El llamado Informe Calcutt incluye, básicamente, las siguientes propuestas: creación de un nuevo Tribunal de Quejas contra la Prensa, compuesto por un juez y dos ayudantes; dicho tribunal podrá imponer sanciones económicas prácticamente ilimitadas contra los medios que violen un nuevo y rígido código de conducta, y podrá dictar el contenido y la ubicación exacta de las rectificaciones; los periodistas no podrán utilizar teleobjetivos para captar imágenes de la vida privada de las personas ni emplear grabaciones telefónicas.

Sir David English, presidente de Associated Newspapers (Daily Mail y otros) calificó el plan gubernamental de "siniestro" y afirmó que "sólo los regí menes nazis o comunistas han impuesto controles de este tipo sobre la prensa en Europa". Para Andreas Whittam-Smith, director de The Independent, el plan es "muy negativo" para la libertad de información. Peter Stothard, director de The Times, manifestó que las pro puestas de Calcutt "deben ser combatidas y deben ser derrotadas". Kelvin MacKenzie, director de The Sun (uno de los diarios que más asiduamente ha tenido conflictos con la actual Comisión de Quejas y frecuentemente implicado en querellas), dijo que el informe era "una desgracia" y que su periódico "no se someterá nunca a esta legislación punitiva y vengativa".

El primer ministro, John Major, apoya en principio el Informe Calcutt, según fuentes de Downing Street, aunque se reserva una opinión definitiva hasta el próximo jueves, cuando será debatido por el gabinete. El ministro del Patrimonio, Peter Brooke, que debería encargarse de crear el tribunal especial, ha expresado varias veces su oposición a este tipo de medidas, y cree que bastaría reforzar la actual Comisión de Quejas contra la Prensa para acabar con los abusos. Los hipotéticos delitos que pudieran cometer los medios de comunicación deberían seguir siendo juzgados, en opinión de Brooke, por los tribunales de justicia ordinarios.

Opinión laborista

En la oposición laborista también hay división de opiniones respecto al Informe Calcutt. La portavoz para asuntos del Patrimonio y de prensa, Ann Clwyd, afirmó ayer que "el autocontrol de la prensa ha fracasado" y que las propuestas de Calcutt obtendrían "un gran apoyo en todo el país". "Nadie cree más que yo en la libertad de prensa", explicó Clwyd, "pero he recibido cientos de cartas de personas a las que se ha dañado irreparablemente por informaciones inexactas, que nunca han sido corregidas".Otro diputado laborista, Brian Sedgemore, advirtió por el contrario que el Informe Calcutt era "el primer paso hacia la censura". En el campo conservador hubo también rechazo al plan: "Es draconiano. Me costaría mucho apoyar medidas de este tipo. La libertad de información es prioritaria", dijo el diputado tory Raymond Robertson. John Bowis, también conservador, advirtió que "hay que tener mucho cuidado para no dañar el derecho a la libre información", aunque dijo comprender "la irritación de algunas personas públicas cuya vida privada se ve invadida". Menzies Campbell, liberal-demócrata, afirmó a su vez que "no hay nada que justifique las restricciones sobre la prensa".

El Gobierno examinará el Informe Calcutt el jueves, pero no tomará decisiones. El informe completo, de 70 páginas, será publicado el 29 de enero. John Major esperará a conocer las conclusiones de una comisión parlamentaria especial que prepara un segundo informe sobre extralimitaciones de la prensa.

La comisión terminará sus trabajos, probablemente, a mediados de febrero. A partir de entonces, el primer ministro deberá decidir si las propuestas de Calcutt se convierten en ley -lo que le llevaría a una arriesgada votación parlamentaria y, con toda seguridad, a perder las simpatías de toda la prensa- o acaban en la papelera.