Un comandante de la Guardia Civil de Guipúzcoa será citado a declarar por presunto narcotráfico
El comandante de la Guardia Civil Máximo Blanco López, jefe de la Policía Judicial en Guipúzcoa y responsable del Grupo de Investigación Fiscal Antidroga, (GIFA), de la 513 Comandancia (San Sebastián) será citado a declarar próximamente por su presunta implicación en un red de narcotráfico y contrabando que investiga el juez de San Sebastián Fernando Andreu, según han indicado fuentes judiciales.Máximo Blanco, que ocupa el tercer puesto en el escalafón de mando del acuartelamiento de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián), ha sido apartado cautelarmente de sus funciones y traslad...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El comandante de la Guardia Civil Máximo Blanco López, jefe de la Policía Judicial en Guipúzcoa y responsable del Grupo de Investigación Fiscal Antidroga, (GIFA), de la 513 Comandancia (San Sebastián) será citado a declarar próximamente por su presunta implicación en un red de narcotráfico y contrabando que investiga el juez de San Sebastián Fernando Andreu, según han indicado fuentes judiciales.Máximo Blanco, que ocupa el tercer puesto en el escalafón de mando del acuartelamiento de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián), ha sido apartado cautelarmente de sus funciones y trasladado fuera del País Vasco para evitar que su implicación en el caso empañe la imagen de los servicios implicados en la lucha antiterrorista.
En el mismo juzgado, aunque previsiblemente en fechas posteriores dado el ritmo de la investigación, deberá personarse igualmente el empresario donostiarra y ex jugador de la Real Sociedad José Antonio Santamaría, Tigre, para responder a la acusación de haber intentado comprar con dinero a un guardia civil para que diera cobertura a una red de narcotráfico.
Aunque el comandante Máximo Blanco no figura en el informe confidencial abierto por la Fiscalía de Guipúzcoa a finales de 1988, las investigaciones posteriores -paralizadas durante año y medio en el despacho de los sucesivos fiscales del Estado, Javier Moscoso y Leopoldo Torres- han acreditado, aparentemente, algunos datos.
El seguimiento y control de los sospechosos que aparecen en el informe original puso al servicio de investigación interna de la Guardia Civil y al juzgado donostiarra tras la pista del teniente Andrés Palomino, responsable fiscal del puerto de Pasajes.
La vigilancia sobre Andrés Palomino y su seguimiento en Cádiz, su último y voluntario destino, posibilitó la llamada Operación Pitón: el desmantelamiento de la red internacional de tráfico de hachís con la que colaboraban, presuntamente, cierto número de agentes y mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El informe alerta sobre la posible implicación de agentes y altos mandos de la Guardia Civil, incluido el máximo responsable de este cuerpo en Guipúzcoa, el coronel Enrique Rodríguez Galindo, en varias redes de narcotráfico y contrabando.
La sóla mención de Enrique Rodríguez Galindo, máximo experto en la lucha contra ETA, responsable de la más, potente red de información antiterrorista, el hombre más galardonado por su trabajo en esa tarea, explica, probablemente, la decisión de los anteriores de paralizar una investigación.