Juez en candelero

LOS RECURSOS que ha formulado el ministerio fiscal contra determinadas decisiones del instructor del caso Filesa, Marino Barbero -especialmente la entrada sin previo aviso en la sede del Banco de España-, constituyen la única vía legal para hacer frente a su presunta irregularidad. No las que propugnan aquellos que han convertido al juez en objeto de sus particulares deseos respecto a cómo debe, o no, desarrollarse su investigación; quienes le jalean interesadamente y le empujan a ir siempre un paso por delante en su tarea o, incluso, le dicen explícitamente lo que debe hacer o no, y qu...

LOS RECURSOS que ha formulado el ministerio fiscal contra determinadas decisiones del instructor del caso Filesa, Marino Barbero -especialmente la entrada sin previo aviso en la sede del Banco de España-, constituyen la única vía legal para hacer frente a su presunta irregularidad. No las que propugnan aquellos que han convertido al juez en objeto de sus particulares deseos respecto a cómo debe, o no, desarrollarse su investigación; quienes le jalean interesadamente y le empujan a ir siempre un paso por delante en su tarea o, incluso, le dicen explícitamente lo que debe hacer o no, y quienes murmuran que se está excediendo de manera flagrante en sus funciones.De unos y otros, el destino libre al juez Barbero. Por bien suyo y por el buen fin de la importante tarea que tiene entre manos. A ninguno de ellos les interesa tanto su labor judicial -esclarecer si los delitos denunciados en el caso Filesa existen o no- como exacerbar o enervar, en su caso, sus efectos políticos: acorralar como sea al PSOE o protegerlo a ultranza. Con semejante coro a su alrededor ya es mérito que el juez sea capaz de llevar a cabo su tarea con el sosiego que requiere. El que reclamó cuando el fiscal general del Estado y el ministro de Justicia opinaron intempestivamente sobre su actuación y al que tiene derecho ahora cuando se le quiere convertir en héroe del momento o se intenta ridiculizarle.

Le será difícil al juez Barbero hacer oídos sordos a los ditirambos de los unos y a las maledicencias de los otros. Pero si fuera posible que su tarea quedara constreñida al procedimiento judicial, y que las cuestiones controvertidas se resolvieran en ese ámbito, seguramente se reduciría en gran medida la morbosidad con que se sigue su investigación. No contribuye a ello, precisamente, el empeño que tiene el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, en estar permanentemente en primera línea del caso Filesa. Sí serviría, en cambio, que el papel del ministerio público se ciñera a la actuación exclusiva del, correspondiente fiscal.

Tampoco aportan serenidad al caso las denuncias públicas del número tres del PSOE, José María Benegas, a los jueces que "aplican mal el derecho", con obvia referencia al del caso Filesa. Un juez puede equivocarse -al juez Manglano no le dieron tregua por ello en el caso Naseiro quienes, con idéntica pasión sectaria, se empeñan ahora en no ver mácula alguna en la actuación del juez Barbero-, pero sus errores se solventan desde el interior del proceso, no desde su exterior.

Desde esta perspectiva, bueno sería que todas las partes implicadas en el caso Filesa -querellantes y querellados, así como empresas y organismos requeridos para que aporten determinados datos o documentos útiles a la investigación- pusiesen todo su empeño en colaborar con la justicia. Si, desde un comienzo, este deber de colaboración hubiera prevalecido, quizá no habría habido lugar a actuaciones tan llamativas como la de entrar manu militari en la sede del Banco de España para recoger determinada documentación sobre el caso, o tan extemporáneas como pedir el amparo al Parlamento y al Consejo General del Poder Judicial frente a inexistentes vulneraciones de derechos. Con ello, el proceso ha ganado en espectacularidad, pero a costa de expandir serías dudas sobre su solvencia.

El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, ha aconsejado al PSOE que utilice los cauces procesales habituales para plantear las quejas que pueda tener sobre la actuación del instructor del caso Filesa. Ése es el camino. Mientras tanto, el PSOE y todas las partes implicadas o relacionadas cicunstancialmente con dicho caso están obligados a cumplir sus requerimientos. Si éstos no se atuvieran al marco procesal establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ahí está la Sala Segunda del Supremo para garantizar su corrección. El juez Barbero actúa por designación de dicha Sala, y no hay motivo para dudar de que los estrictos criterios procesales que llevaron al archivo del caso Maseiro vayan a ser dados de lado en el caso Filesa a la hora de determinar si se ha producido o no alguna vulneración de derechos u otro tipo de irregularidad.