Un ultra condenado a 193 años de cárcel por la matanza de Atocha está libre

Carlos García Juliá, condenado a 193 años de cárcel por su participación en la matanza de Atocha, ha salido de prisión hace un año y ha montado ya una empresa de espionaje e informes comerciales, según informa hoy Diario 16. García Juliá participó en 1977 en el asesinato de cinco abogados laboralistas en el despacho de Atocha, junto con José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada.El ultraderechista, según informa el rotativo, abandonó la prisión de Valladolid el 23 de septiembre de 1991 y desde entonces está en libertad condicional. Jaime Febrel y Simón, otro hombre de pasado ultra,...

Carlos García Juliá, condenado a 193 años de cárcel por su participación en la matanza de Atocha, ha salido de prisión hace un año y ha montado ya una empresa de espionaje e informes comerciales, según informa hoy Diario 16. García Juliá participó en 1977 en el asesinato de cinco abogados laboralistas en el despacho de Atocha, junto con José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada.El ultraderechista, según informa el rotativo, abandonó la prisión de Valladolid el 23 de septiembre de 1991 y desde entonces está en libertad condicional. Jaime Febrel y Simón, otro hombre de pasado ultra, ha montado con él una empresa de espionaje, García y Febrel Asociados que no está inscrita ni en el Registro de la Propiedad Mercantil y Sociedades ni en el Registro de Marcas.

En la ficha carcelaria del ultraderechista, que fue miembro del servicio de seguridad personal de Blas Piñar y Raimundo Fernández Cuesta, aparecen 63 traslados y siete peticiones de revisión de grado. García Juliá nunca consiguió el tercer grado, pero sí la libertad condicional, el pasado año. El caso de este preso fuerza al máximo los beneficios penitenciarios a los condenados por atentados terroristas, pero, según advierte Diario 16, no es ilegal.

La empresa ha sido constituida con créditos de una oficina de Cajamadrid y, según medios vinculados a círculos ultraderechistas que cita el periódico, ha realizado trabajos de seguimiento antes de su instalación en una lujosa oficina de la Torre de Menéndez Pelayo. Para realizar este trabajo, es necesario un permiso emitido por el Ministerio del Interior y el beneficiario no debe tener antecedentes penales.