La Guardia Civil investiga a la Cruz Roja de Tarifa por no avisar de la llegrada de inmigrantes

El Gobierno Civil de Cádiz ordenó ayer a la Guardia Civil que investigue la presunta actuación irregular de los responsables de la Cruz Roja del Mar de Tarifa, que en las últimas semanas han auxiliado a inmigrantes ilegales sin avisar de su presencia a las autoridades. La Administración cree que la organización humanitaria puede haber incurrido en un presunto delito de "dejación de funciones", por lo que ha ordenado la apertura de un expediente informativo. El presidente de la Cruz Roja de Tarifa, Juan Triviño, replicó ayer: "Nuestra misión es salvar vidas, no avisar a la Guardia Civil"
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El Gobierno Civil de Cádiz ordenó ayer a la Guardia Civil que investigue la presunta actuación irregular de los responsables de la Cruz Roja del Mar de Tarifa, que en las últimas semanas han auxiliado a inmigrantes ilegales sin avisar de su presencia a las autoridades. La Administración cree que la organización humanitaria puede haber incurrido en un presunto delito de "dejación de funciones", por lo que ha ordenado la apertura de un expediente informativo. El presidente de la Cruz Roja de Tarifa, Juan Triviño, replicó ayer: "Nuestra misión es salvar vidas, no avisar a la Guardia Civil"

Diferentes dotaciones de la Cruz Roja del Mar, a bordo de una lancha zodiac semirígida con un motor de 200 caballos de potencia y de otra lancha, han ayudado en las últimas semanas a grupos inmigrantes ilegales que, a bordo de pequeñas pateras, han alcanzado las costas de la localidad gaditana de Tarifa procedentes de Tánger (Marruecos). En ninguna ocasión, según reconocen los propios responsables de Cruz Roja, han dado aviso a la Guardia Civil de la llegada de los ilegales al considerar que su única misión es salvar vidas.De hecho, una lancha de la Cruz Roja con un equipo de TVE a bordo avistó, sobre las ocho y media de la mañana del domingo, a cuatro pateras que se dirigían a la costa con cerca de 90 africanos a bordo. Tras seguirles durante un buen rato y comprobar que no corrían peligro, la dotación de la Cruz Roja no intervino ni avisó al instituto armado, que sólo se enteró de la situación por unos soldados de servicio en la zona militar que fue utilizada por los inmigrantes para el desembarco. Los agentes de la Guardia Civil sólo consiguieron detener a 43 de los inmigrantes que alcanzaron la costa española.

Fuentes del Gobierno Civil de Cádiz consideran que la colaboración de la Cruz Roja con los inmigrantes, en este caso ante las mismas cámaras de televisión, ha dejado en evidencia a la Guardia Civil. El pasado martes, el general jefe de la segunda zona de la Guardia Civil se desplazó en helicóptero a los cuarteles de Tarifa y La Línea para revisar el dispositivo de control.

El coordinador de la Cruz Roja del Mar de Tarifa, José María Caballero, manifestó ayer su sorpresa por la actuación del Gobierno Civil gaditano: "Nosotros colaboramos con la Guardia Civil, pero en los últimos rescates nuestra información provenía de Tarifa Tráfico [el centro de control del Estrecho de la Marina Mercante] y nunca pudimos pensar que las fuerzas del orden desconocieran la llegada de los inmigrantes".

Un total de 21 de los 43 inmigrantes ilegales detenidos el domingo fueron puestos ayer en libertad después de notificárseles su expulsión de España, informaron a Efe fuentes de la Guardia Civil. No se han precisado las causas que motivaron la liberación de los 21 inmigrantes, todos de raza negra.

Los otros 22 detenidos el domingo, todos marroquíes, fueron devueltos ayer mismo a su país, en cumplimiento del acuerdo de inmigración entre España y Marruecos. Mientras, la Guardia Civil detuvo ayer en Tarifa a otros 10 inmigrantes ilegales de diversas nacionalidades.

La policía sigue la pista a dos individuos identificados como el cónsul y el moreno, a los que se les atribuye labores de intermediación entre los cabecillas de la red del tráfico ilegal de inmigrantes y la captación de éstos para su traslado a España, según Radio Nacional de España. Ambos individuos, con edades comprendidas entre los 35 y 40 años, operan en una franja de 100 kilómetros -entre Nador y el Cabo de Agua-, donde supervisan las operaciones de las pateras, que efectúan cuatro o cinco travesías al día. RNE afirma que cada patera va conducida por un patrón, que cobra 500.000 pesetas por cada viaje, y un acompañante. Los emigrantes pagan entre 30.000 y 60.000 pesetas. La red investigada por la policía aprovecha las travesías para, transportar indistintamente emigrantes y droga.