La acreditación de personal español, obstaculizada por el Gobierno marroquí
Un diplomático y casi un centenar de funcionarios administrativos españoles adscritos a la Embajada de España en Rabat y a los ocho Consulados en Marruecos no han sido acreditados o bien su acreditación no ha sido renovada desde hace meses por las autoridades marroquíes, según indican fuentes allegadas a la cancillería española en la capital del reino alauita.Desde un punto de vista jurídico todas estas personas se encuentran en la ilegalidad, aunque en la práctica esta situación anómala les ha supuesto escasas molestias.
Preguntado por EL PAÍS el ministro de Asuntos Exteriores, Javier ...
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Un diplomático y casi un centenar de funcionarios administrativos españoles adscritos a la Embajada de España en Rabat y a los ocho Consulados en Marruecos no han sido acreditados o bien su acreditación no ha sido renovada desde hace meses por las autoridades marroquíes, según indican fuentes allegadas a la cancillería española en la capital del reino alauita.Desde un punto de vista jurídico todas estas personas se encuentran en la ilegalidad, aunque en la práctica esta situación anómala les ha supuesto escasas molestias.
Preguntado por EL PAÍS el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, aseguró desconocer el problema, que no abordó con sus interlocutores marroquíes durante su primera visita a Rabat que concluyó ayer.
El caso más llamativo entre los "damnificados" por el servicio de protocolo marroquí es el del cónsul general de España en Tetúan, Joaquín Muñoz del Castillo, que espera desde octubre su acreditación.
A diferencia de los diplomáticos, cuya acreditación es válida hasta el final de su estancia, el personal administrativo español de la Embajada y consulados debe renovar cada año este documento. A los funcionarios llegados en los últimos tiempos no les ha sido aún otorgada la acreditación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español no acaba de comprender las razones de esta situación. La mayoría de las fuentes consultadas sospecha que puede tratarse de una reacción al procedimiento penal abierto en octubre contra el cónsul marroquí en Barcelona, Abdellatif Ouinhadi, en relación con las falsedades descubiertas en certificados de residencia.