La subida del impuesto sobre la renta repite la presión fiscal de 1991 para los ingresos más altos
La marcha atrás que ha dado el Gobierno socialista en la reforma del IRPF reproduce la presión fiscal de 1991 para quienes declaran las rentas más altas. La subida del IRPF para el resto de los ciudadanos queda a medio camino entre la situación de 1991 y la prevista -por ley- para éste año y los siguientes. Esta subida de impuestos equivale a un aumento del 5% o más en la cuota a pagar para los contribuyentes que ganen más de ocho millones si presentan declaración individual o para las familias con más de 10 millones de renta si presentan declaración conjunta.
Los sindicatos criticaron ...
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La marcha atrás que ha dado el Gobierno socialista en la reforma del IRPF reproduce la presión fiscal de 1991 para quienes declaran las rentas más altas. La subida del IRPF para el resto de los ciudadanos queda a medio camino entre la situación de 1991 y la prevista -por ley- para éste año y los siguientes. Esta subida de impuestos equivale a un aumento del 5% o más en la cuota a pagar para los contribuyentes que ganen más de ocho millones si presentan declaración individual o para las familias con más de 10 millones de renta si presentan declaración conjunta.
Los sindicatos criticaron la reforma fiscal ahora en entredicho porque, a su juicio, renunciaba abiertamente a la progresividad. El martes -tras su reunión con los ministros de Economía y Trabajo- redujeron al mínimo sus criticas al plan de ajuste en espera de que los cambios "afectaran lo menos posible a las rentas más bajas". CC OO fue el sábado más allá al solicitar un aumento en la presión fiscal y en la progresividad del impuesto.La tarifa prevista en el decreto-ley de medidas de ajuste fiscal acepta, al menos sobre el papel, cierto mayor respeto a las rentas más bajas. Por ejemplo, un matrimonio con un sólo perceptor de renta y un hijo que realice declaración conjunta no sufrirá ninguna subida de impuestos si sus renta anual es inferior a los 2.248.000 pesetas anuales.
La subida de su cuota impositiva será de un 1% -para esa misma familia- si gana tres millones de pesetas, subirá al 4,5% si percibe seis millones y alcanzará el 5,5% si su renta llega a 10 millones de pesetas.
La subida de impuestos -respecto a lo que se esperaba de una reforma que iba a servir, según declaraciones del ministro Carlos Solchaga, para rebajar la presión fiscal un 10%,- llega antes a los perceptores de renta que presenten declaración individual y no tengan hijos a su cargo. Según los cálculos que ha realizado Hacienda, la cuota final a pagar no variará para quienes ganen menos de 1.765.000 pesetas; subirá un 2,6% para las rentas de 3,5 millones de pesetas, y más de 5% para quienes superen los ocho millones de renta.
La nueva tarifa es incluso más gravosa que la de 1991 para los contribuyentes que presenten declaración individual y ganen más de 15,5 millones de pesetas al año y para las familias con declaración conjunta que perciban más de 46 millones anuales.
Progresividad
Esta vuelta a la progresividad que defendían las centrales sindicales, algunos sectores del PSOE e Izquierda Unida puede convertirse en el principal argumento a favor de un cambio impositivo que deja en barbecho una reforma fiscal que se comprometió a reducir el tipo máximo del IRPF al 50% en dos años. El problema es que es una vuelta que se carga de un plumazo dos años de debates sobre la fiscalidad que debía acercarnos a Europa y muchos meses de encuentros parlamentarios para lograr un amplio consenso, pues la ley de renta que entró en vigor en enero de este año sólo recibió el voto en contra del Partido Popular.La defensa de una mayor justicia tributaría que realizaron durante largos meses el exsecretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el propio ministro de Economía, Carlos Solchaga, con el argumento de "reducir la progresividad formal para que aumente la real" o "revertir en los contribuyentes los resultados de la lucha contra el fraude" se enfrenta ahora a la necesidad de más recaudación para frenar el aumento del déficit público. Según los cálculos del Gobierno, :sólo la subida de las retenciones en agosto aumentará la recaudación en 40.000 millones de pesetas, a los que se sumarán otros 200.000 millones del aumento de la tarifa en la recaudación del próximo año.
Estos 240.000 millones de :recaudación adicional equivalen, por ejemplo, a la aportación del Estado en la inversión de los Juegos Olímpicos (ver EL PAÍS OLIMPICO del 25 de julio). En concreto, el Estado ha aportado 229.000 millones del casi billón de pesetas necesarios para poner en marcha los Juegos. El segundo ejemplo, los gastos del Estado en la Expo de Sevilla, está todavía sujeto a revisión, pero según la última declaración en el Congreso del ministro de relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, supera los 200.000 millones de pesetas.
A estos ejemplos casi evidentes se pueden añadir los 2.500 millones de la Conferencia de Paz que se celebró en Madrid en octubre del pasado año, la factura que resulte de la actual cumbre iberoamericana o los desvíos en los gastos del tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.
Reforma del 91, contrarreforma del 92
El 30 de mayo de 1991 todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular aprobaron en el Congreso de los diputados la tercera reforma fiscal de la democracia. El consenso, la regularización fiscal y la renuncia por parte de Hacienda a recaudar medio billón de pesetas fueron los tres ejes de aquella reforma, que el ajuste pospone ahora para 1994.El consenso requirió bastante tiempo y no menos dinero, pues llevó a retrasar la puesta en marcha de la ley un año -estaba en principio prevista para 1991- y elevó en 200.000 millones los cálculos iniciales de Hacienda sobre el coste de la reforma.
Todo comenzó con el libro blanco. Para su elaboración, Hacienda se comprometió a hablar con todo el mundo: asesores fiscales, sindicatos, patronal y partidos políticos. La primera reunión se produjo el 4 de junio de 1990. Los sindicatos llegaron pidiendo más progresividad, menos impuestos indirectos y más lucha contra el fraude; los empresarios querían incentivos al ahorro, regularización y armonización fiscal. El Gobierno optó por la solución de café para todos, una decisión política que en más de una ocasión ha demostrado su elevada carestía.
El Consejo de Ministros dio el visto bueno al libro blanco el 16 de junio y envió el anteproyecto de ley al Parlamento antes de las vacaciones. Ya en octubre comenzó la lluvia de enmiendas; todas con su punto de mira en el bien del contribuyente y en la merma de los ingresos del Estado. El grupo socialista lideró este segundo escalón de la reforma, tanto por enmiendas propias -como la subida hasta el 5% de la deducción por ingresos del trabajo- como por su papel mediador con el resto de los grupos.
El consenso parlamentario se amplió en el Senado, que el 17 de mayo -en segunda vuelta, por las irregularidades detectadas en la primera- remitió definitivamente el texto al Congreso, que fue aprobado a finales de ese mes con el rechazo del PP, grupo que en septiembre le presentó un recurso de inconstitucionalidad.
Un año y dos meses después el Gobierno ha reconocido, por la vía del decreto-ley, que no puede hace frente a su elevado coste.
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