Hacia un nuevo pacto social

Considera el articulista que vivimos una situación en la que la mejora del nivel de vida de la población no puede descansar fundamentalmente en el crecimiento del nivel general de los salarios reales sino, entre otros conceptos,en un crecimiento sustancial de la tasa general de ocupación de la población activa.

Los fines últimos de la acción política sólo pueden establecerse en términos ideológicos y, por tanto, con referencia a imperativos éticos, sin los cuales el debate democrático pierde buena parte de su sentido. Este debate es, pues, en primer lugar un debate acerca de valores, lo...

Considera el articulista que vivimos una situación en la que la mejora del nivel de vida de la población no puede descansar fundamentalmente en el crecimiento del nivel general de los salarios reales sino, entre otros conceptos,en un crecimiento sustancial de la tasa general de ocupación de la población activa.

Los fines últimos de la acción política sólo pueden establecerse en términos ideológicos y, por tanto, con referencia a imperativos éticos, sin los cuales el debate democrático pierde buena parte de su sentido. Este debate es, pues, en primer lugar un debate acerca de valores, lo que no quiere decir que se trate exclusivamente de eso, ya que con demasiada frecuencia se confunden los debates acerca de escalas. de valores y preferencias ideológicas con la elección de los instrumentos para alcanzar objetivos prefijados y con la evaluación de la adecuación entre medios y fines en la actuación política, cuando en realidad eso es algo que remite a la razón práctica. Y no hay nada peor que la ideologización de un debate sobre cuestiones prácticas.Una primera esfera de la plasmación de las opciones ideológicas en instrumentos de política práctica se refiere al marco de referencia que utiliza cada uno de los grupos sociales y los agentes institucionales de la política para legitimar sus demandas en materia de distribución de la renta. En mí libro Recursos Humanos y Política Industrial he estudiado los nexos entre el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios y los avances en la eficiencia del sistema productivo, condicionados históricamente en España por la incorporación de mejoras tecnológicas desde el exterior, dado el importante atraso secular acumulado en esta materia hasgta mediados de este siglo y el progresivo grado de apertura de nuestra economía a partir de entonces.

A medida que se ha ido colmando el desnivel tecnológico, las reservas de mejora de productividad disponibles han ido disminuyendo, y con ellas la posibilidad de financiar altas tasas de crecimiento anual de los salarios reales. Si anteriormente la modernización tecnológica mejoraba al mismo tiempo la productividad del trabajo y la del capital, paulatinamente el crecimiento de una de ellas se hace a expensas de la del otro, y el límite al crecimiento de la productividad del trabajo -y de los salarios reales- viene dado por la necesidad de retribuir al factor más escaso, con vistas a aumentar las disponibilidades de capital.

Hemos llegado al punto en que la mejora del nivel de vida de la población no puede descansar fundamentalmente en el crecimiento del nivel general de los salarios reales, sino en un creci miento sustancial de la tasa general de ocupación de la población activa y en las oportunidades de ascenso laboral facilitadas por el avance en la capacitación y la experiencia de las personas a lo largo de su carrera profesional. Por eso mismo, dados los instrumentos desarrollados durante la pasada década para negociar directamente salarios, reales evitando caer en los espejismos monetarios, no hay obstáculo para fijar una senda de crecimiento razonable del poder adquisitivo salarial, despejando las incertidumbres sobre los salarios nominales y sus efectos perversos sobre la inflación mediante una política de rentas consensuada, priorizando especialmente los gastos empresariales en formación profesional de los trabajadores.

Objetivos e instrumentos

No conviene en este asunto confundir objetivos con instrumentos: la negociación y el consenso son instrumentos; maneras de hacer política, pero no la política misma, lo que en ocasiones tiende a olvidarse. Por esta razón, la autonomía entre la fijación de los grandes objetivos políticos, mediante el proceso democrático de adopción de decisiones, y la negociación de intereses de los grupos sociales, representados en el sistema de relaciones industriales, es uno de los avances recientes de nuestra democracia. A la mejor comprensión de esta autonomía ha contribuido el hecho de que exista actualmente una plena anuencia social acerca de que la estabilidad de precios y el, saneamiento de las cuentas públicas son parámetros imprescindibles para un desarrollo adecuado de la economía y del nivel de bienestar de nuestra sociedad. Eso, y la ' evidencia de que existen políticas cuya competencia ya no es exclusiva del Gobierno sino que se ejerce de forma compartida con nuestros socios comunitarios -como las políticas comerciales, las de ayudas públicas y de defensa de la competencia, o la política de tipo de cambio-, ha limitado el campo de discusión sobre los instrumentos a utilizar para conseguir los objetivos políticos deseables. Una defectuosa comprensión de esta nueva realidad por una parte de nuestra sociedad es lo que ha impedido hasta ahora alcanzar nuevos acuerdos sociales: el margen de maniobra y los instrumentos de la política económica del Gobierno se han, reducido grandemente desde nuestro ingreso en la CE, y se estrecharán aún más a medida que avancemos hacia la Unión Europea. Es la contrapartida o la condición para que España se beneficie de la enorme ventaja de pertenecer a la entidad que puede liderar el mundo -en lo económico, en lo político y en el nivel de bienestar social-, a finales de este decenio. Resulta sintomático, por eso mismo, que no hayamos tenido acuerdos sociales tripartitos desde 1986, fecha de nuestro ingreso en la CE. En mi opinión, mientras esta idea de limitación de los instrumentos disponibles no cale en la opinión y en los agentes sociales no se podrán alcanzar nuevos acuerdos estables. Por eso mismo, el Programa de Convergencia es el marco inexcusable para plantear cualquier diálogo social. Sólo a partir de una asunción plena del mismo y de sus implicaciones por parte de unos y otros puede abrirse la vía para un nuevo pacto social, que debería contemplar al menos tres grandes cuestiones: En primer lugar, esta relación entre el crecimiento de los costes laborales y la evolución de la inflación, especialmente en el sector industrial, como símbolo del sector descubierto de nuestra economía y por ello mismo de la competitividad de nuestro sistema productivo., Además, en la medida en que deseemos librar la batalla de la competitividad en un terreno. más amplio que el de los costes, la inversión en formación profesional en las empresas plantea un problema adicional de financiación, que debe ser tratado por la política de rentas, ya que estas inversiones tienen una caracterización mixta, con un componefite de retribución en es pecie. A nadie se le escapa que el mejor procedimiento para mantener bajo control este conjunto de variables es el pacto social y, a conseguirlo debieran dirigirse todos los esfuerzos. Pero el asunto es demasiado relevante como para fiarlo todo exclusivamente a la posibilidad de lograr un pacto. En el caso no deseable -aunque tampoco inverosímil- de que no pueda alcanzarse el con senso, no quedaría otro remedio que adoptar una política de rentas dirigida, como política su bóptima, para evitar quedar a merced exclusivamente de la política monetaria.

Flexibilidad

En segundo lugar se encuentra el problema central de la flexibilidad en el mercado de traba o. Es j bien conocida la estrategia de flexibilidad que adoptamos durante el decenio de los ochenta y de sus buenos resultados para la evolución del empleo durante la segunda mitad del mismo. Tal estrategia consistió en mantener la rigidez en el núcleo central del sistema de contratación y abrir un amplio margen de flexibilidad contractual para las nuevas contrataciones. Se trató de una estrategia provisional, ya que a largo plazo el sistema laboral así diseñado hace descansar en exceso la disponibilidad de un margen flexible para la empresas sobre el mantenimiento de una elevada tasa de rotación de las plantillas, lo que desincentiva la inversión en formación para la mejora de los recursos humanos de las empresas. Además, con ese sistema la antigüedad media de las plantillas disminuye durante el auge y se eleva durante las etapas de recesión, lo que produce un comportamiento de las derivas salariales excesivamente procíclico, elevando los costes laborales medios por persona precisamente en las etapas -como ésta que atravesamos- de coyuntura baja. Como estrategia temporal, creo que la política de flexibilidad ha sido un éxito. Hoy, sin embargo, resulta evidente que el proceso de cambio estructural constituye un requerimiento permanente para las empresas, por lo que sería conveniente cambiar de estrategia para evitar que los procesos de ajuste empresarial se contemplen como operaciones extremas , cuando ya se han producido daños de competitividad irreparables. En mi opinión lo que convendría hacer es limitar la intervención de la administración laboral en los procesos de regulación de empleo a las facultades de seguimiento, suspensión temporal y tutela previstas en la directiva comunitaria sobre despidos colectivos, y reducir al mismo tiempo sustancialmente las facultades de contratación temporal por parte de las empresas, para corregir la segmentación del mercado, que en mi opinión resulta excesiva, lo que ya no es, bueno ni para las empresas ni para los trabajadores. Pero insisto en el hecho de que sólo resulta legítimo contemplar al mismo tiempo las dos vertientes del problema, no una sola de ellas, como se hace habitualmente por unos u otros. Y en tercer lugar, resulta crucial proceder a una descentralización tanto de los procesos de diálogo social como de la gestión de las políticas públicas, descendiendo por un lado al terreno sectorial en el seguimiento del impacto de los programas horizontales de política industrial -como se está haciendo para la elaboración del Libro Blanco sobre la industria- y potenciando la cooperación entre empresas en el ámbito local para producir economías externas, imprescindibles para la especialización competitiva de las pequeñas y medianas empresas. La reforma del Inem, el desarrollo de la nueva formación profesional dual diseñado por la LOGSE y la aplicación de los programas de infraestructura tecnológica, de calidad y de cooperación industrial, pueden generar sinergias entre estas políticas, reforzando los sistemas productivos locales que ya están dando muestras de gran dinamismo y que explican, entre otras cosas, algunas de las partidas de nuestro comercio exterior en las que la industria española actúa con mayor agresividad exportadora.

Álvaro Espina es secretario de Estado de Industria.