Escuchas

LA CONFIDENCIALIDAD de las conversaciones telefónicas es un derecho fundamental especialmente protegido por la Constitución. De ahí que todos los poderes públicos estén obligados no sólo a respetarlo en sus actuaciones sino a defenderlo de manera activa cuando es conculcado y, en igual medida, que los tribunales de justicia otorguen su amparo de forma preferente a los ciudadanos afectados y con la mayor prontitud.Cuando el Grupo Popular solicita la intervención del fiscal general del Estado en el esclarecimiento de los presuntos casos de escuchas telefónicas ilegales que últimamente han tenido...

LA CONFIDENCIALIDAD de las conversaciones telefónicas es un derecho fundamental especialmente protegido por la Constitución. De ahí que todos los poderes públicos estén obligados no sólo a respetarlo en sus actuaciones sino a defenderlo de manera activa cuando es conculcado y, en igual medida, que los tribunales de justicia otorguen su amparo de forma preferente a los ciudadanos afectados y con la mayor prontitud.Cuando el Grupo Popular solicita la intervención del fiscal general del Estado en el esclarecimiento de los presuntos casos de escuchas telefónicas ilegales que últimamente han tenido como protagonistas, a políticos, financieros, abogados y periodistas, recuerda uno de los deberes básicos del ministerio fiscal. Pero el recordatorio no es de ningún modo superfluo: la iniciativa del fiscal general del Estado ha brillado por su ausencia cuando se trata de salir al paso, con el Código Penal en la mano -desde 1984 las escuchas telefónicas sin autorización judicial están tipificadas como delito-, de una práctica que este periódico siempre ha considerado éticamente repugnante además de delictiva.

El fenómeno del espionaje telefónico, que, como un Guadiana, aparece y desaparece desde hace varios años en los entresijos de la vida política y social española, representa, sin duda, una seria amenaza no sólo contra el ejercicio de un derecho constitucional privado sino también contra la limpieza que debe exigirse al juego político, financiero y, en general, a cualquier actividad pública. Los indicios -probados en algunos casos- que desde hace años apuntan a la proliferación de personas físicas o jurídicas que, con los medios que la tecnología moderna proporciona, se dedican a violar impunemente la intimidad de determinados ciudadanos más o menos relevantes, a controlar la actividad de sus oponentes políticos y de sus rivales profesionales y económicos, o a saber de antemano la orientación de determinadas investigaciones en curso, deberían bastar para poner en estado del alarma a los jueces, al Gobierno, al resto de las instituciones del Estado y a la sociedad en general, particularmente a sus sectores más relevantes.

Éste es un momento oportuno, de nuevo, para que las escuchas telefónicas ilegales sean perseguidas jurídicamente con el mayor rigor y repudiadas socialmente.