Enatcar exige al juez que investigue el desvió de 833 milones de Viajes Ceres a una filial de Filesa

La Empresa Nacional de Transportes por Carretera (Enatcar) ha exigido al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid que investigue el presunto desvío de 833 millones de pesetas de la entidad viajes Ceres. -beneficiaria de las campañas de viajes para la tercera edad organizadas por el Inserso-, actualmente en suspensión de pagos, a Aparthotel Aguamar, una empresa filial de Filesa. Esta última firma fue presuntamente utilizada por el PSOE para financiarse.

Enatcar interpuso una querella el pasado noviembre contra Viajes Ceres, por presunto alzamiento de bienes estafa y malversación de fon...

La Empresa Nacional de Transportes por Carretera (Enatcar) ha exigido al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid que investigue el presunto desvío de 833 millones de pesetas de la entidad viajes Ceres. -beneficiaria de las campañas de viajes para la tercera edad organizadas por el Inserso-, actualmente en suspensión de pagos, a Aparthotel Aguamar, una empresa filial de Filesa. Esta última firma fue presuntamente utilizada por el PSOE para financiarse.

Enatcar interpuso una querella el pasado noviembre contra Viajes Ceres, por presunto alzamiento de bienes estafa y malversación de fondos públicos al haber desviado, dinero público -procedente del Inerso- hacia Aparthotel Aguamar en vez de afrontar sus compromisos con los acreedores por un importe, de más de 2.000 millones de pesetas.Posteriormente, Enatcar, sociedad que preside el ex delegado del Gobierno en el País Vasco Julen Elgorriaga amplió las acciones judiciales, por vía penal, a los tres interventores nombrados para gestionar la suspensión. Una conversación grabada a uno de dichos interventores revela la existencia de presuntas irregularidades y presiones en el proceso.

Las acciones emprendidas, por Enatcar mantienen vivo un caso, el, de Viajes Ceres, abierto hace más dedos años y sobre el que todavía no hay resultados claros. Viajes Ceres fue objeto, en su día de distintas denuncias interpuestas por sociedades del sector y por el Partido Popular. El caso Viajes Ceres provocó asimismo la comparecencia en el Congreso, en junio de 1991, de la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que descartó cualquier responsabilidad de su departamento en las presuntas irregularidades denunciadas.

Las partes implicadas en las diferentes acciones judiciales aseguran que el proceso registra fuertes presiones. En la investigación del caso por vía civil-administrativa han participado hasta la fecha tres jueces-diferentes. Por vía penal, hasta la fecha, los representantes de Enatcar desconocen quién lleva el caso. Tampoco saben qué fiscal se encarga del asunto. Enatcar no mantiene en la actualidad ningún contrato relacionado con los programas de tercera edad del Inserso.

Más querellas

Entre los seis querellados, miembros del Consejo de Administración de Viajes Ceres, figura con una participación del 20% del capital Luis. Oliveró Capellades, administrador a su vez de Filesa, la empresa que supuestamente utilizó el PSOE para financiarse. Filesa ostenta también la titularidad de Aguamar Aparthotel, la firma a la que fueron desviados los 833 millones. Enatcar amplió posteriormente la querella contra los tres interventores judiciales por falsear, presuntamente, el balance de Viajes Ceres. Ambas querellas están paralizadas en el juzgado, pendientes, de que se resuelva previamente la suspensión de pagos de Viajes Ceres.

Viajes Ceres fue adjudicataria por el Inserso, (Instituto de Servicios Sociales) de las campañas de viajes de invierno de 1988/89 y 1989/90 para la tercera edad, lo que financió con ingresos procedentes del propio Inserso, en un 40%, y de las aportaciones, de los ancianos, en un 60%. Los . ingresos totales de Viajes Ceres por ambas campañas ascendieron, según fuentes de la investigación, a más de 17.000 millones de pesetas.

Viajes Ceres dejó una deuda de más de 2.000 millones de pesetas a numerosos acreedores, la mayoría de ellos hoteleros, aunque el principal de ellos es la empresa de transportes Enatcar, que reclama más de 318 millones. En vez de hacer frente a estos pagos, Viajes Ceres entregó 833 millones a Aparthotel Aguamar, filial de Filesa, cuya titularidad ostenta.

Según expone la querella presentada por Enatcar, la firma Viajes Ceres además llevó a cabo operaciones inmobiliarias que no se correspondían con su objeto social.

Entre los accionistas de Aparthotel Aguamar figura también Luis Oliveró Capellades. El texto de la querella señala, asimismo, que "Viajes Ceres ha efectuado inversiones en perjucio de sus acreedores, que han motivado el que no haya podido hacer frente a sus deudas para con los mismos".Ante el volumen de deuda contraído, Viajes Ceres se declaró en suspensión de pagos en septiembre de 1990. Sin embargo, un día antes de la suspensión de pagos, Viajes Ceres propuso - "extrañamente", según consta en la querella- ceder en pago a sus acreedores, entre otros activos, la titularidad del 81% de las acciones de Aparthotel Aguamar, "cuya transmisión a Viajes Ceres ha sido prometida por quien ostenta actualmente la titularidad, que es la companía mercantil Filesa".

Posteriormente entraron en juego los tres interventores judiciales que nombra el juez: Miguel Guijarro, Joaquín Lluch y José María Lafuente. Su intervención originó la ampliación de la querella de Enatcar contra ellos por presunto falseamiento de datos.

Sobre el desvío de los 833 millones de pesetas, cada uno de los interventores judiciales ofrece una versión.

Tres versiones

Miguel Guijarro dice ante el Juzgado de Instrucción que los 833 millones son entregas, no préstamos. Joaquín Lluch, por el contrario, afirma que "eran préstamos sin garantías", y José María Lafuente, el tercer o de los interventores, señala que "en la contabilidad de Viajes Ceres, no figuraba tal entrega" y que responsables de esta empresa le indicaron que "el préstamo figuraba en una servilleta de papel". Los interventores judiciales falsearon presuntamente el balance de Viajes Ceres para presentarlo como suspensión de pagos en lugar de quiebra (la suspensión de pagos, a diferencia de la quiebra, sólo implica el aplazamiento de los pagos a los acreedores).

Para ello, según los abogados de la empresa Enatcar, introdujeron fraudulentamente en el activo el complejo Aguamar por un valor de 396 millones de pesetas, así como un compromiso de adquisición de servicios de Viajes Iberia que estaba valorado en 300 millones de pesetas. Según el dictamen de la auditoría, realizada por la firma Ernest Young, la empresa estaba en quiebra de hecho.