Jueces conservadores de Castilla y León ven al Código Penal autoritario y estéril

El anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, que ha sido recientemente presentado por el Gobierno, "es políticamente autoritario, jurídicamente imperfecto y socialmente estéril", según la Asociación Profesional de la Magistratura de Castilla y León, un colectivo de carácter conservador que agrupa a la gran mayoría de los jueces de esta comunidad autónoma. La asociación presentó ayer en Valladolid un informe en el que se vierten las citadas críticas y se considera que la reforma del Código "no responde a los valores que vertebran la convivencia democrática de los modernos Estados de dere...

El anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, que ha sido recientemente presentado por el Gobierno, "es políticamente autoritario, jurídicamente imperfecto y socialmente estéril", según la Asociación Profesional de la Magistratura de Castilla y León, un colectivo de carácter conservador que agrupa a la gran mayoría de los jueces de esta comunidad autónoma. La asociación presentó ayer en Valladolid un informe en el que se vierten las citadas críticas y se considera que la reforma del Código "no responde a los valores que vertebran la convivencia democrática de los modernos Estados de derecho".

La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria dentro de este ámbito en Castilla y León, señala texualmente en su informe que las libertades de hombres y mujeres y el respeto profundo a la persona "exigen otra jerarquía de principios y una forma definitiva de establecer la fijación de penas que por su propia naturaleza son inevitablemente represoras, pero también protectoras de la libertad con mayúsculas".El informe señala también que mientras la propiedad y la libertad de expresión son derechos que quedan en el desamparo con el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal "el honor de los que ejercen las funciones políticas se acoraza tras la múltiple tipificación de delitos que parecen encaminados a disuadir a los ciudadanos de cualquier tentación transgresora, en el ejercicio de la crítica".

El anteproyecto de Código no desarrolla, según Adolfo Prego, magistrado de la Audiencia Provincial de Segovia, el ejercicio de los valores democráticos "en todo caso los zancadillea".

Represión

Este magistrado de Segovia considera que las únicas innovaciones son las que se refieren "a la represión de la expresión, a través del aumento de los tipos penales de injurias, calumnias y difamación y la exclusión de las responsabilidades civiles del Estado como posible objeto de la competencia de los tribunales penales".En todo lo demás manifiesta este miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura que "el anteproyecto de ley sigue teniendo, en cuestiones como la defensa del Estado o la división de poderes, la mentalidad del Código Penal anterior. De Código Penal de la democracia nada".

El informe elaborado por la Asociación Profesional de la Magistratura de Castilla y León será presentado al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), ya que entienden que "con tales mimbres no puede construirse un nuevo Código Penal que inútilmente quiere llamarse el Código de la democracia". Esta asociación entiende además que "los escudos que defienden penalmente a los poderes públicos en el anteproyecto son mucho más amplios y gruesos que los que se destinan a cobijar los derechos del individuo".

Por lo que se refiere a la técnica jurídica, esta asociación la califica de "anticuada doctrinalmente". La claridad y la corrección en la estructuración de las normas penales, señalan, "no son compatibles con las ambigüedades que en el texto aparecen" y que según Enrique Míguez, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León "atentan conta la independencia de los jueces que pueden sentirse intimidados".