El Gobierno acepta las tesis más severas de Carlos Solchaga para el plan de convergencia

El plan de convergencia con la CE incluirá un objetivo de déficit público del 1% del PIB para 1996, frente al 4,4% del pasado año (2,4 billones). El Gobierno se inclinó ayer así por la alternativa más severa, planteada por el titular de Economía, Carlos Solchaga, frente a otros ministros que proponían llegar al 3%. La ministra portavoz, Rosa Conde, reconoció que ahora existe un clima de "tensión e inquietud social", pero que, a pesar de ello, "el Gobierno se siente fuerte para pedir este esfuerzo a la sociedad española". El Consejo estudió ayer también una serie de medidas de reforma del merca...

El plan de convergencia con la CE incluirá un objetivo de déficit público del 1% del PIB para 1996, frente al 4,4% del pasado año (2,4 billones). El Gobierno se inclinó ayer así por la alternativa más severa, planteada por el titular de Economía, Carlos Solchaga, frente a otros ministros que proponían llegar al 3%. La ministra portavoz, Rosa Conde, reconoció que ahora existe un clima de "tensión e inquietud social", pero que, a pesar de ello, "el Gobierno se siente fuerte para pedir este esfuerzo a la sociedad española". El Consejo estudió ayer también una serie de medidas de reforma del mercado de trabajo que pueden suponer un recorte del subsidio de desempleo y más facilidades para el despido libre.

El plan de convergencia que el Gobierno español presentará a la CE sitúa el mayor esfuerzo de acercamiento a Europa en la política presupuestaria, tal como proponía Solchaga. A ello responde que el Gobierno se haya inclinado por situar el déficit público (Estado y Seguridad Social, más autonomías y ayuntamientos) en el 1% del PIB en 1996, aunque los acuerdos de Maastricht exigen el 3%. Para Estado y Seguridad Social se plantea una reducción de medio punto anual desde el 3,2% del PIB en 1991 hasta un 0,7% en 1996.A pesar de la polémica que ha precedido a la concreción de este objetivo, Rosa Conde señaló que "existe un alto grado de consenso en el Gobierno". Algunos ministros deseaban un mayor margen de gasto público para que la convergencia con la CE no dañara la competitividad real de la economía española. El aplazamiento en una semana del debate sobre el estado de la nación responde, según la ministra, a que "podíamos y debíamos desarrollar una discusión más serena y algo más alejada de las elecciones catalanas".

Rosa Conde calificó de "rigurosa" la política presupuestaria de los próximos años, para lo que "se pedirá un esfuerzo a la sociedad española". Los últimos escándalos financieros (caso Ibercorp) y la conflictividad laboral en las zonas afectadas por la crisis industrial, han creado "un clima de inquietud y de tensión social", a pesar de lo cual "el Gobierno se siente políticamente fuerte para pedir este esfuerzo".

La ministra no avanzó en qué se concretará este esfuerzo aunque señaló que "se trata de medidas controvertidas que pueden crear algun tipo de inquietud". únicamente informó que el Gobierno debatió ayer una propuesta para la reforma del mercado de trabajo, que se incluirá dentro del plan de convergencia. Entre las medidas analizadas se encuentran "algunas" de las que se han avanzado en los últimos días. En concreto, un recorte en las prestaciones por desempleo, la desaparición de las ordenanzas laborales y mayores facilidades para el despido libre al eliminar la necesidad de autorización previa en los expedientes de regulación de empleo.

Se trata con ello de recortar el gasto público para reducir el déficit hasta el 1% del PIB. Este ajuste supondrá el cambio de algunas de las actuales prioridades de gasto, "por ejemplo, es posible que las infraestructuras dejen de ser preponderantes", según Conde. Hay que tener en cuenta, además, que la financiación de los agujeros del INEM y de la sanidad -más de un billón de pesetas- está incluida dentro de este objetivo de reducción del déficit.

El contenido concreto del plan lo hará público el presidente del Gobierno, Felipe González, durante el debate sobre el estado de la nación el próximo 24 de marzo. Después, se debatirá con las fuerzas políticas y sociales y más tarde, se presentará ante la CE. El cumplimiento de este plan permitirá a España entrar en la tercera fase de la unión monetaria europea en 1997 (moneda única) entre los países de economía más saneada.