El PP pide que el 25% de los diputados pueda obligar a abrir una investigación
El número de diputados necesario para que pueda constituirse automáticamente una comisión de investigación en el Congreso enfrenta abiertamente a socialistas y populares. Ayer terminó la primera ronda de trabajos de la ponencia para la reforma del reglamento, y los dos partidos mayoritarios discreparon públicamente. Mientras Loyola de Palacio, portavoz del PP en la ponencia, y el portavoz adjunto, Luis Ramallo, aseguran que su partido exige que una comisión investigadora pueda constituirse si lo solicita el 25% de los diputados (88 congresistas), el PSOE, por boca de su portavoz, Eduardo Martí...
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El número de diputados necesario para que pueda constituirse automáticamente una comisión de investigación en el Congreso enfrenta abiertamente a socialistas y populares. Ayer terminó la primera ronda de trabajos de la ponencia para la reforma del reglamento, y los dos partidos mayoritarios discreparon públicamente. Mientras Loyola de Palacio, portavoz del PP en la ponencia, y el portavoz adjunto, Luis Ramallo, aseguran que su partido exige que una comisión investigadora pueda constituirse si lo solicita el 25% de los diputados (88 congresistas), el PSOE, por boca de su portavoz, Eduardo Martín Toval, se mantiene en la postura de que deba ser la mayoría quien lo apruebe.El PP añade que su posición es irrenunciable y el PSOE contraataca asegurando que, si no se alcanza un acuerdo global sobre la reforma del reglamento, se mantendrá tal y como está en este momento. Loyola de Palacio plantea en nombre de su grupo que los diputados puedan tener acceso directo a todos los organismos de la Administración pública para poder supervisarlos, y que el presidente y el vicepresidente del Gobierno acudan a la Cámara cada vez que la oposición lo pida.
Estas dos exigencias también tienen para el principal partido de la oposición un carácter "irrenunciable", con lo cual el PP se separa de la postura que anunció antes de Navidad en el sentido de que su exigencia era que el presidente del Gobierno acudiese a la Cámara para contestar preguntas, durante 15 minutos, una o dos veces al mes.