El Ayuntamiento de Leganés tendrá que indemnizar a los propietarios de un garaje
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Leganés a indemnizar a 80 vecinos debido a las filtraciones de agua y humedad que desde hace cinco años sufre el aparcamiento que éstos poseen debajo de la calle de Batalla del Ebro. El tribunal obliga en su sentencia al municipio a que impermeabilice esa vía pública mediante una adecuada canalización y pavimentación.
Los daños sufridos por el garaje aún no han sido evaluados, aunque están pendientes de ser peritados. En 1980, el Ayuntamiento otorgó ...
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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Leganés a indemnizar a 80 vecinos debido a las filtraciones de agua y humedad que desde hace cinco años sufre el aparcamiento que éstos poseen debajo de la calle de Batalla del Ebro. El tribunal obliga en su sentencia al municipio a que impermeabilice esa vía pública mediante una adecuada canalización y pavimentación.
Los daños sufridos por el garaje aún no han sido evaluados, aunque están pendientes de ser peritados. En 1980, el Ayuntamiento otorgó la licencia para la construcción de ese estacionamiento.La sentencia explica: "Puede parecer anómalo que bajo una calle de titularidad pública existan unos locales de garaje que son propiedad de particulares. Pero, admitiendo que ello es así (sin duda, porque el Ayuntamiento así lo consintió), no puede luego el propio Ayuntamiento desentenderse de la situación".
El tribunal considera probado que las filtraciones han sido "permanentes" y que las mismas se deben a la deficiente pavimentación e impermeabilización de la calle.
Los propietarios del estacionamiento han tenido que colocar uralitas en el techo de sus plazas de garaje para impedir que el agua cayese de forma continua sobre sus vehículos.
Desde 1986, los denunciantes han remitido escritos a la Corporación quejándose del problema y exigiendo el arreglo de la calle. La última petición fue presentada en 1988. La respuesta del Ayuntamiento fue el silencio administrativo, y los afectados optaron por acudir a la vía judicial.
En la sentencia, el tribunal desestima un recurso presentado por el Ayuntamiento en el que alegaba incompetencia de jurisdicción y prescripción de plazos. "Actuaciones como ésta, no son la mejor muestra de eficacia (...) que debe inspirar la actuación administrativa", dice la sala.