El instructor del sumario considera probado que hubo delitos de prevaricación y malversación de fondos

El magistrado José Cano Barrero considera probada la comisión de delitos de prevaricación [dictar una resolución a sabiendas de que es injusta] y malversación de fondos públicos en el uso de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía. El delito de prevaricación afectaría a Rafael Delgado, el que fuera secretario personal del ex vicepresidente del Gobierno; Alfonso Guerra -por haber autorizado la creación del citado despacho para que lo utilizara Juan Guerra-, a los dos ex delegados del Gobierno en Andalucía (Tomás Azorín y Leocadio Marín) y al actual responsable en este mis...

El magistrado José Cano Barrero considera probada la comisión de delitos de prevaricación [dictar una resolución a sabiendas de que es injusta] y malversación de fondos públicos en el uso de un despacho oficial en la Delegación del Gobierno en Andalucía. El delito de prevaricación afectaría a Rafael Delgado, el que fuera secretario personal del ex vicepresidente del Gobierno; Alfonso Guerra -por haber autorizado la creación del citado despacho para que lo utilizara Juan Guerra-, a los dos ex delegados del Gobierno en Andalucía (Tomás Azorín y Leocadio Marín) y al actual responsable en este mismo cargo, Alfonso Garrido. El delito de malversación de fondos públicos les alcanzaría a todos, según fuentes judiciales.Asimismo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidirá en los próximos 15 días el envío al Tribunal Supremo de las diligencias sobre el caso Juan Guerra por si existiera la posibilidad de que Alfonso Guerra resultara imputado en un delito de prevaricación por el uso que su hermano Juan hizo del despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

La decisión de la sala ha sido reclamada por el instructor del caso, el magistrado José Cano, Barrero, quien considera probada la comisión de los citados delitos, aunque no se pronuncia sobre la implicación de Alfonso Guerra en ellos, por ser éste una persona aforada y no estar bajo su competencia. Cano Barrero explica en su auto que la imputación del delito de prevaricación contra Alfonso Guerra "se ha mantenido" por Izquierda Unida durante toda la instrucción del caso y que una de sus labores era la de determinar si procedía elevarla al Tribunal Supremo a efectos de competencia.

El magistrado recurre a la jurisprudencia para determinar que "no basta" la imputación de una parte -en este caso Izquierda Unida- y que se necesita la irriputación de un juez instructor competente. Como el único instructor válido que la ley dice que puede hacerlo es un magistrado de la sala II del Tribunal Supremo, Cano Barrero propone a la sala del TSJA, de la que forma parte, que remita a este órgano las diligencias "como única solución al problema". La defensa de los cuatro altos cargos socialistas anunció ayer su decisión de recurrir el auto.

[José Pardo García, socio de Juan Guerra en varias empresas, se encuentra detenido en Sevilla desde el miércoles acusado de robar varios aparatos de aire acondicionado en una firma comercial, informó ayer Europa Press. A Pardo se le ha vinculado con actividades en torno a los servicios de seguridad del PSOE y diversos medios lo han citado como antiguo guardaespaldas del secretario de Organización del PSOE, José María Benegas].