Otra demora en el 'caso Alcala 20', a la espera del pacto con los afectados

Los familiares de los 82 muertos en el incendio de la discoteca Alcalá 20 recibirán del Estado 13,5 millones de pesetas por fallecido si las conversaciones entre sus abogados y la Administración cristalizan en un pacto, según un letrado. Ello ha provocado que el plazo para presentar las calificaciones de los acusadores en el caso ante la Audiencia de Madrid -que expiraba ayer- se haya prolongado un mes más a petición del abogado del Estado, demorando así el proceso de un caso que data de 1983. Ocho años después, el Ministerio del Interior confirma que hay negociaciones, pero que aún ni se bara...

Los familiares de los 82 muertos en el incendio de la discoteca Alcalá 20 recibirán del Estado 13,5 millones de pesetas por fallecido si las conversaciones entre sus abogados y la Administración cristalizan en un pacto, según un letrado. Ello ha provocado que el plazo para presentar las calificaciones de los acusadores en el caso ante la Audiencia de Madrid -que expiraba ayer- se haya prolongado un mes más a petición del abogado del Estado, demorando así el proceso de un caso que data de 1983. Ocho años después, el Ministerio del Interior confirma que hay negociaciones, pero que aún ni se barajan cifras.

La Sección Sexta de la Audiencia abrió, en mayo de 1991, juicio oral contra los procesados por el incendio de la discoteca, ocurrido el 17 de diciembre de 1983. Murieron 82 personas y 29 sufren secuelas de aquella tragedia. Entre los procesados están, acusados de imprudencia temeraria, el ex concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Horcajo, los cinco empresarios de la discoteca, el arquitecto y el aparejador del local -abierto tras ser reformado tres meses antes del incendio- y un funcionario del Ministerio del Interior, Guillermo Herranz. El plazo para que los abogados de los afectados presentasen sus calificaciones terminaba ayer.El abogado del Estado dirigió hace unos días una carta a la Audiencia en la que solicitaba que el plazo de calificación de los acusadores en el caso se prolongase un mes más, es decir, hasta el 13 de febrero próximo. La razón eran unas conversaciones entre abogados de las víctimas y representantes de la Administración. Si los afectados fuesen indemnizados, los acusadores retirarían sus cargos contra los poderes públicos implicados, que en este caso son el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid. "En la actualidad se vienen desarrollando conversaciones entre la Administración y los representantes de los afectados para la obtención de una posible satisfacción extraprocesal", dice el texto de la carta. "Un resultado positivo de las mismas implicaría trascendentales consecuencias en el curso del proceso". El abogado pide un mes más "para llevar a cabo dichas conversaciones con la necesaria tranquilidad".

Tres o cuatro años más

Antonio García Pablos, defensor de 58 de los afectados, ha apoyado la iniciativa del abogado del Estado y aseguraba ayer que se ha llegado a un acuerdo verbal sobre las indemnizaciones. "No hay nada firmado", decía, "pero la inmensa mayoría de los afectados están dispuestos a aceptar 13 millones y medio por víctima y negociar la cantidad que se pagaría a los incapacitados, dependiendo de la importancia de sus secuelas". "Si se llega a un pacto, los 11 acusadores nos retiraremos de la causa", añadió, "de acuerdo con la mayoría de los afectados".

"Yo les expliqué a los familiares de las víctimas que el proceso se puede dilatar tres o cuatro años más y se les indemnizaría en caso de que la sentencia sea condenatoria hacia la Administración, lo que no está nada claro", comentaba ayer García Pablos.

Según el abogado, se ha aprobado un crédito extraordinario con cargo a los presupuestos del Ministerio del Intenor para poder pagar las indemnizaciones. El letrado no ofreció más detalles.

Un portavoz oficial del Ministerio del Interior desmintió ayer que se hubiese aprobado ningún crédito y que se hubiese llegado a un acuerdo verbal sobre las indemnizaciones y su cuantía.

"Lo único que es cierto", dijo este portavoz, "es que hay conversaciones entre los letrados de las víctimas y el abogado del Estado, pero ni siquiera se puede hablar de cifras".