Seis años de cárcel por ofrecer chalés ilegales

Aníbal Jiménez Candil, promotor de la urbanización El Tallar-Los Olivares en Mejorada del Campo, ha sido condenado a seis años y un día de prisión por un delito de estafa, al haber vendido una finca rústica, por parcelas, a particulares a los que hizo creer que podrían construir un chalé. A diferencia de otros casos similares en los que este tipo de conductas se han limitado al ámbito de la responsabilidad civil, la Audiencia de Madrid ha apreciado en el promotor un propósito defraudatorio mediante maquinaciones insidiosas que hacen su conducta un negocio civil criminalizado.La sentencia decla...

Aníbal Jiménez Candil, promotor de la urbanización El Tallar-Los Olivares en Mejorada del Campo, ha sido condenado a seis años y un día de prisión por un delito de estafa, al haber vendido una finca rústica, por parcelas, a particulares a los que hizo creer que podrían construir un chalé. A diferencia de otros casos similares en los que este tipo de conductas se han limitado al ámbito de la responsabilidad civil, la Audiencia de Madrid ha apreciado en el promotor un propósito defraudatorio mediante maquinaciones insidiosas que hacen su conducta un negocio civil criminalizado.La sentencia declara probado que el procesado y un contable de una urbanización, que se encuentra declarado rebelde, compraron por 14 millones de pesetas la finca rústica de secano El Tallar-Los Olivares, de unos 30 hectáreas.

Después dividieron la finca en parcelas de 2.500 metros cuadrados -unidad mínima de cultivo para fincas de regadío en la zona- sin haber obtenido los permisos correspondientes. Entonces anunciaron la venta de parcelas en Mejorada del Campo, Coslada y San Fernando de Henares. A los interesados les comentaron que podrían construir una casa en las finca!, además de contar con los suministros de agua, luz y viales ofrecidos en la propaganda. En la creencia de estas condiciones, 81 personas adquirieron parcelas por un importe superior a los 50 millones de pesetas.

La sentencia limita a 200.000 pesetas las indemnizaciones a los afectados, dado que éstos pretenden legalizar la situación de las fincas.