10 constitucionalistas aconsejan al Gobierno la retirada del proyecto

Diez catedráticos de entre los 200 asistentes al octavo congreso de la Asociación de Ciencia Política y Derecho Constitucional presentarán hoy a la asamblea general de la asociación un documento de duro rechazo al proyecto de ley de seguridad ciudadana, previamente a la conferencia de cierre del congreso, a cargo del rector de la universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, patrocinador de otra iniciativa para la mejora de la ley. El documento advierte que la llamada ley Corcuera transgrede la letra y el espíritu de la Constitución y "puede trastocar las bases del Estado de derecho...

Diez catedráticos de entre los 200 asistentes al octavo congreso de la Asociación de Ciencia Política y Derecho Constitucional presentarán hoy a la asamblea general de la asociación un documento de duro rechazo al proyecto de ley de seguridad ciudadana, previamente a la conferencia de cierre del congreso, a cargo del rector de la universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, patrocinador de otra iniciativa para la mejora de la ley. El documento advierte que la llamada ley Corcuera transgrede la letra y el espíritu de la Constitución y "puede trastocar las bases del Estado de derecho", al tiempo que sugiere al Gobierno su retirada o profunda modificación.

Junto a Jorge de Esteban -catedrático que ha elaborado el documento- sus colegas Miguel Ángel Aparicio, Diego López Garrido, Miguel Ángel García Herrera, Manuel Gerpe, Javier Corcuera, Jordi Capo Giol, Antonio Torres del Moral, Antonio Bar Cendán y Jaume Vernet consideran que es su "deber de estudiosos y docentes alertar a la opinión pública y aconsejar al Gobierno la retirada o profunda modificación del proyecto de ley".

Los catedráticos argumentan que el proyecto "tiende a marginar al juez y desconfía del Poder Judicial que es la máxima garantía del ejercicio de los derechos fundamentales". Denuncian que "concede amplias competencias a la policía" y "deja a la decisión policial la interpretación de algo que sólo es competencia de losjueces". Acusan al proyecto' de ley de restringir derechos constitucionales como los de reunión, manifestación, huelga y libre circulación, y la libertad individual, "a través de una posible arbitraría detención". Por ello, mantienen "la necesidad de que el Gobierno reconsidere la conveniencia de esta ley, que puede configurarse", concluyen, "cómo un grave riesgo para el sistema democrático".