La oposición califica el proyecto de ley de ineficaz e inconstitucional

El Partido Popular, Izquierda Unida y el CDS, que ayer presentaron enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, coincidieron en solicitar la devolución del texto al Gobierno por considerar que es innecesario, ineficaz y claramente inconstitucional. Innecesario porque la legislación actual ya recoge básicamente los aspectos que el nuevo proyecto trata de incorporar; ineficaz porque no va a suponer un mayor control de la delincuencia, e inconstitucional porque varios aspectos del articulado vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Federico Tr...

El Partido Popular, Izquierda Unida y el CDS, que ayer presentaron enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, coincidieron en solicitar la devolución del texto al Gobierno por considerar que es innecesario, ineficaz y claramente inconstitucional. Innecesario porque la legislación actual ya recoge básicamente los aspectos que el nuevo proyecto trata de incorporar; ineficaz porque no va a suponer un mayor control de la delincuencia, e inconstitucional porque varios aspectos del articulado vulneran derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Federico Trillo, que defendió la enmienda del Grupo Popular, afirmó que coincidía con el ministro del Interior en el diagnóstico de la situación en materia de terrorismo y narcotráfico, aunque discrepaba en cuanto a las causas y las soluciones a aplicar.Trillo achacó la situación a la despenalización del consumo de droga realizada en 1983 a instancias del Gobierno socialista y a la distinción que se introdujo en la reforma del Cógido Penal de ese año entre drogas duras y drogas blancas. El portavoz popular destacó que la ley Corcuera no soluciona los problemas de la droga ni la insuficiente dotación de las fuerzas de seguridad del Estado. Insistió en que el proyecto sólo tiene de novedoso los aspectos más polémicos que bordean la Constitución, como la entrada en domicilios o la retención de ciudadanos indocumentados.

El portavoz de IU, Pablo Castellano, destacó que la ley González no es la respuesta más adecuada para la tranquilidad callejera ni para la lucha contra el tráfico de drogas. Mostró su preocupación porque a su entender el proyecto trata de reformar las leyes orgánicas que regulan los derechos de reunión y manifestación, y a ese respecto precisó que es una ley disuasoria para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Consideró incoherente la postura del Gobierno socialista al presentar este proyecto señalando que su objetivo es luchar contra el narcotráfico, cuando el fiscal antidroga ha tenido que dimitir poque no ponían los medios necesarios a su alcance para hacer más eficaz su labor.

José Manuel Souto, del CDS, señaló que constituyen características singulares de esta ley la ambiguedad, la indeterminación y la arbitrariedad.