Ochenta presos reclaman Seguridad Social y un salario digno por su trabajo

Ochenta reclusos y ex reclusos de la prisión de Quatre Camins, en La Roca, del Vallès, han presentado una demanda laboral contra las autoridades carcelarias de la. Generalitat reclamando cantidades no cobradas por su trabajo en el centro penitenciario, así como el alta en la Seguridad Social. La vista se celebrará el jueves en la sala número uno de lo social de Barcelona. Es la primera vez que en España se presenta una demanda de esta naturaleza.La tramitación previa la iniciaron 136 reclusos, pero no todos ellos han podido ser localizados para que firmaran la demanda. Hace un año los pres...

Ochenta reclusos y ex reclusos de la prisión de Quatre Camins, en La Roca, del Vallès, han presentado una demanda laboral contra las autoridades carcelarias de la. Generalitat reclamando cantidades no cobradas por su trabajo en el centro penitenciario, así como el alta en la Seguridad Social. La vista se celebrará el jueves en la sala número uno de lo social de Barcelona. Es la primera vez que en España se presenta una demanda de esta naturaleza.La tramitación previa la iniciaron 136 reclusos, pero no todos ellos han podido ser localizados para que firmaran la demanda. Hace un año los presos presentaron reclamaciones previas, de carácter administrativo, ante el Departamento de Justicia de la Generalitat. Todas ellas fueron desestimadas. La magistrada ha aceptado la petición de los abogados de que una treintena de los demandantes se presenten a declarar en el juicio.

Los demandantes se dividen en dos grandes grupos: los que trabajan o han trabajado en talleres de empresas instaladas en la prisión de Quatre Camins -o en la Modelo de Barcelona, de donde procedía la mayor parte de ellos-, y los que lo han hecho en servicios auxiliares de la cárcel, los llamados "destinos".

Los primeros se dedican a "trabajos directamente productivos", según definición de la Ley General Penitenciaria (confeccionar flores de plástico o de tela, pastillas para frenos de automóviles, sillas para bebés, etcétera), por los que han cobrado cantidades que oscilan entre 4.000 y, 21.000 pesetas mensuales, muy por debajo del salario mínimo interprofesional (53.000 pesetas mensuales en la actualidad) y de los convenios colectivos de cada sector. Los contratos con las empresas que desean instalar talleres en las cárceles los realiza en Cataluña una empresa pública, el Centro de Iniciativas para la Reinserción.

La Administración alega, para justificar esos salarios, que estos presos reciben remuneraciones proporcionales al número de piezas producidas (trabajo a destajo), "si bien es cierto que a menudo no se les autoriza a producir todo lo que podrían, ya que no existe demanda".