Los soviéticos podrán salir libremente de la URSS a partir de 1993
Los ciudadanos soviéticos podrán viajar y emigrar libremente al extranjero a partir del 1 de enero de 1993, fecha en que entrará en vigor la ley de emigración votada ayer por el Sóviet Supremo (Parlamento). Los cálculos oficiosos del Kremlin indican que en los dos primeros años de vigencia de la ley podrían abandonar la URSS entre 25 y 30 millones de ciudadanos, lo que ha suscitado la alarma, sobre todo en Europa.
La nueva legislación fue aprobada, tras año y medio de dilaciones, por un total de 320 votos a favor, 37 en contra y 32 abstenciones.Paradójicamente, la nueva legislación, que...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Los ciudadanos soviéticos podrán viajar y emigrar libremente al extranjero a partir del 1 de enero de 1993, fecha en que entrará en vigor la ley de emigración votada ayer por el Sóviet Supremo (Parlamento). Los cálculos oficiosos del Kremlin indican que en los dos primeros años de vigencia de la ley podrían abandonar la URSS entre 25 y 30 millones de ciudadanos, lo que ha suscitado la alarma, sobre todo en Europa.
La nueva legislación fue aprobada, tras año y medio de dilaciones, por un total de 320 votos a favor, 37 en contra y 32 abstenciones.Paradójicamente, la nueva legislación, que fue presentada ante el Parlamento por primera vez en 1989, es una condición impuesta por el Congreso de Estados Unidos para ampliar las relaciones económicas y financieras con la URSS.
El diputado Fedor Burlatski, uno de los diputados que ha promovido la ley, declaró tras el voto: "Se trata de un acto histórico. Existe el temor tradicional desde la época de Stalin de entrar en contacto con Occidente, estereotipo del enemigo reflejado en la mente de todos aquellos contrarlos a esta ley".
Los sectores conservadores soviéticos se han opuesto encarnizadamente a la apertura de fronteras por considerar que puede tener graves consecuencias para la sociedad soviética. Sus argumentos inciden también en el coste material de la liberalización y en la inevitable fuga de cerebros.
La ley establece que las solicitudes de pasaportes para estancias temporales en el exterior deben ser examinadas en el plazo máximo de un mes, y las solicitudes de emigración, en el plazo de tres.
El Gobierno puede negarse a conceder pasaporte durante cinco años a las personas que tengan acceso a secretos de Estado. También puede limitar temporalmente la salida de viajeros hacia un país determinado, si en éste "se ha producido una situación extraordinaria".
Página 3