La solicitud que no tenga respuesta administrativa será aceptada
El Ministerio para las Administraciones Públicas propondrá antes del próximo verano al Consejo de Ministros la extensión del denominado "silencio positivo" en las solicitudes formuladas por los ciudadanos a la Administración y que consiste en que se entienda como respuesta afirmativa la ausencia de respuesta por parte de las autoridades. Así, cuando un particular solicite una licencia de caza o de apertura de una cafetería y no obtenga contestación en el plazo legal establecido podrá entender que ha obtenido la autorización que solicitaba. Ahora prevalece el criterio contrario, en el sentido d...
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El Ministerio para las Administraciones Públicas propondrá antes del próximo verano al Consejo de Ministros la extensión del denominado "silencio positivo" en las solicitudes formuladas por los ciudadanos a la Administración y que consiste en que se entienda como respuesta afirmativa la ausencia de respuesta por parte de las autoridades. Así, cuando un particular solicite una licencia de caza o de apertura de una cafetería y no obtenga contestación en el plazo legal establecido podrá entender que ha obtenido la autorización que solicitaba. Ahora prevalece el criterio contrario, en el sentido de que el silencio de la Administración se convierte de hecho en una denegación de las peticiones formuladas.Esta modificación quedará concretada y matizada, ya que el "silencio administrativo" no será de aplicación en todos los casos en el proyecto de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, según indicó ayer en el Congreso el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray. Éste compareció por primera vez ante la comisión parlamentaria que controla las actividades de su departamento para explicar las líneas generales de sus proyectos. El ministro rehuyó hacer cualquier tipo de promesa y se limitó a anunciar el propósito de enviar pronto a la Cámara tanto el citado proyecto de ley como la Ley del Gobierno de la Nación y la normativa que regulará el respeto al derecho a la intimidad en el uso informático de datos relativos a la vida privada de las personas.