La trama oscura del deporte canario
Un juez acusa de malversación de fondos a un miembro del Gobierno autónomo
El 15 de febrero del año pasado, el concejal socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Miguel Ángel Quevedo Apolinario, y su abogado, Edmundo González Hernández, solicitaron audiencia al titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Santa Cruz de Tenerife, Valentín Sanz. Ese día, el joven juez recibió una denuncia por presunta malversación de fondos públicos contra el director general de Deportes de la comunidad autónoma canaria, Victoriano Concepción Morales, de 54 años, conocido como Víctor Floreal.
La investigación se cerró esta semana, al cabo de 13 meses de interro...
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El 15 de febrero del año pasado, el concejal socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Miguel Ángel Quevedo Apolinario, y su abogado, Edmundo González Hernández, solicitaron audiencia al titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Santa Cruz de Tenerife, Valentín Sanz. Ese día, el joven juez recibió una denuncia por presunta malversación de fondos públicos contra el director general de Deportes de la comunidad autónoma canaria, Victoriano Concepción Morales, de 54 años, conocido como Víctor Floreal.
La investigación se cerró esta semana, al cabo de 13 meses de interrogatorios y pesquisas. Las diligencias previas del caso Floreal, remitidas el pasado lunes por el Juzgado número 8 a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ponen al descubierto una enrevesada trama negra en la política de subvenciones oficiales al deporte canario.El juez envió su auto razonado (una minuciosa relación de hechos acreditados, que resume en 26 páginas un sumario de 13.000 folios que involucra a más de 25 personas) al TSJC al considerar necesario el fiscal de la causa, Luis Chimeno Gascón, que se le tome declaración al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Hermoso Rojas, persona aforada por ser diputado regional por las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC). La acusación ha solicitado, además, la comparecencia de otro aforado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Juan Manuel García Ramos.
El juez ha demostrado que con dinero de los presupuestos de la comunidad autónoma destinado a potenciar el deporte se pagó en parte la compra de un vehículo Volkswagen Golf GTI, matrícula TF-6033-AC, y una plaza de garaje a nombre de Víctor Concepción Corrales, hijo del director general de Deportes, destituido pocas fechas después de destaparse el escándalo. También se ha confirmado la existencia de dos cuentas corrientes a nombre de Víctor Floreal, presuntamente irregulares, por un total de nueve millones.
Una cuenta testaferro
Además se ha determinado que el director general manejaba una cuenta testaferro en otra oficina de la Caja de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, abierta a nombre de un vecino y de su nuera, Francisco Javier González Pérez y Natividad Elena Suárez Hernández, respectivamente, bajo el subterfugio de la Asociación Deportiva .Círculo de Tenerife, de la que no se conoce actividad alguna. Esta cuenta manejó al menos 30 millones de pesetas provenientes de la dotación para ayudas económicas al deporte que manejaba Víctor Floreal, según se desprende de las diligencias previas número 207/90 instruidas por el juez Valentín Sanz. "Yo soy un benefactor; no entiendo de burocracia; no sé nada, no recuerdo lo que pudo pasar", han sido siempre sus respuestas telegráficas en e Juzgado número 8. Dos meses después de iniciarse el procedimiento judicial presentó una bolsa con facturas, con las que pretendía probar el destino que había dado al dinero depositado en la cuenta corriente de la Caja de Ahorros del barrio El Cardonal.La cuenta de El Cardonal también se nutría de cantidades de subvenciones infladas que ingresaban en la misma los beneficiarlos de las ayudas, como fue el caso de Eliseo de la Cruz Bento (presidente de la Federacíón Tinerfeña de Baloncesto), Javier López Garisoaín (trabajador en comisión de servicios de la Dirección Territorial de Deportes), José González Quintero (presidente del Club Cepsa) y José Hernández Fuentes y Ricardo Díaz Cruz (directivos del Club de Lucha Santa Cruz). Idéntica operación fue empleada por el director general para incrementar el saldo de su cuenta corriente particular. En este caso se valió de las devoluciones de parte de las ayudas concedidas de ese supuesto a Manuel Díez Alegre (presidente del Colegio Tinerfeño de Árbitros de Baloncesto), Sebastián Castro (tesorero de la Federación Tinerfeña de Baloncesto), Juan José González Iglesias (presidente del Club de Balonmano Puerto de la Cruz) y Carlos Núñez (gerente del Patronato Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife).
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