Aprobada la integración de la ONCE en la Seguridad Social
El Consejo de Ministros aprobó ayer la reordenación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que tiene como principal novedad la integración del colectivo de 11.864 pasivos/ pensionistas y 11.735 trabajadores en activo al régimen general de la Seguridad Social a partir del 1 de abril. La ONCE deberá aportar un total de 64.000 millones de pesetas por los pasivos y 10.800 millones por los activos.
La ONCE se mantendrá como corporación de derecho público sometida al protectorado del Estado. No obstante, gozará de mayor autonomía de gestión facilitando, al mismo tiempo, e...
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El Consejo de Ministros aprobó ayer la reordenación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que tiene como principal novedad la integración del colectivo de 11.864 pasivos/ pensionistas y 11.735 trabajadores en activo al régimen general de la Seguridad Social a partir del 1 de abril. La ONCE deberá aportar un total de 64.000 millones de pesetas por los pasivos y 10.800 millones por los activos.
La ONCE se mantendrá como corporación de derecho público sometida al protectorado del Estado. No obstante, gozará de mayor autonomía de gestión facilitando, al mismo tiempo, el control por parte de la Administración. Los sorteos no podrán suponer unos ingresos superiores a los 300.000 millones de pesetas en 1991, cantidad que en los siguientes años experimentará un incremento igual al IPC más tres puntos hasta 1995.
El Consejo de Ministros aprobó también un Real Decreto que desarrolla la Ley de pensiones no contributivas, que implanta el derecho de todos los ciudadanos con recursos insuficientes a una pensión de jubilación e invalidez. De estas pensiones se beneficiarán 700.000 personas. La cuantía será de 364.000 pesetas anuales durante 1991 para un sólo beneficiarlo, siendo en caso de matrimonio de 618.000 pesetas. Los hijos menores de 18 años a cargo de personas que no contribuyen recibirán 32.000 pesetas anuales, que se elevan a 72.000 si es minusválido.
Otros reales decretos regulan las comisiones de seguimiento de contratación laboral y las condiciones de comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y adquisición por éstas de acciones propias.