Droga, el debate continúa

EL BALANCE de la actuación policial contra la droga durante 1990 no sólo indica un espectacular aumento de los alijos aprehendidos, especialmente de cocaína, así como de las detenciones, sino un preocupante incremento del número de víctimas, las cuales son, por lo demás, cada vez más jóvenes. El dato sobrecogedor de 690 muertes el pasado año, en su mayoría por sobredosis o adulteración -un centenar más que el año anterior-, obliga, así, a relativizar esos éxitos policiales. Pero el dato constituye también una denuncia inapelable contra las actuales políticas sanitarias y de prevención sobre el...

EL BALANCE de la actuación policial contra la droga durante 1990 no sólo indica un espectacular aumento de los alijos aprehendidos, especialmente de cocaína, así como de las detenciones, sino un preocupante incremento del número de víctimas, las cuales son, por lo demás, cada vez más jóvenes. El dato sobrecogedor de 690 muertes el pasado año, en su mayoría por sobredosis o adulteración -un centenar más que el año anterior-, obliga, así, a relativizar esos éxitos policiales. Pero el dato constituye también una denuncia inapelable contra las actuales políticas sanitarias y de prevención sobre el consumo de drogas, incapaces de rescatar al drogodependiente del mundo de marginación en que vive y de aliviar las condiciones psicosomáticas que le llevaron a la adicción.Mientras esta dramática realidad persista, y con mayor razón si se extiende cada vez más sobre el cuerpo social, es lógico que no se resignen al silencio las voces que claman por la búsqueda de fórmulas de tratamiento del complejo fenómeno de la droga que no sea la de la pura represión. Y es que la manifiesta insuficiencia de esta vía, sus contradicciones y los efectos criminógenos y de corrupción añadidos que comporta, impide dar por cerrado el debate sobre la cuestión.

La comisión droga-delincuencia del Colegio de Abogados de Barcelona acaba de pronunciarse inequívocamenle a favor de la legalización del tráfico y del consumo de estupefacientes y de que el Estado asuma el control de tales sustancias y establezca la forma legal de acceso a las mismas por parte del consumidor. Una alternativa que, con diversos matices, propugnan diversos colectivos profesionales relacionados con los problemas sociales y sanitarios asociados a la droga. Es decir, aquellos que, en razón de sus funciones institucionales o sociales en la respuesta penal, criminológica y terapéutica, viven más de cerca sus carencias y sus paradojas.

Uno de estos colectivos es el jurídico y el judicial. De su seno han surgido una y otra vez llamadas de atención sobre el agotamiento de la vía de la sanción penal contra la drogadicción, motivadas más por el pánico social ante sus efectos criminógenos que por exigencias del derecho y, en concreto, de la racionalidad y proporcionalidad que deben inspirar su aplicación. Recieritemente, medio centenar de jueces, magistrados, catedráticos y profesores de Derecho Penal han hecho tina propuesta intermedia entre la actual política de criminalización estricta y la alternativa de legalización: considerar los estupefacientes y psicotrópicos corrio una medicina más, controlada por las autoridades sanitarias en el marco de la nueva Ley del Medicamento.

Desde esta perspectiva, la respuesta penal sería subsidiaria, limitada al posible mercado negro generado al margen del legalizado y controlado sanitariamente. Y no tendría que vérselas con una sustancia convertida en fetiche y de cuyo comercio se ha hecho poco menos que un superdelito. Que este tipo de propuestas pugne contra la tendencia dominante de un mayor endurecimiento legal ni les quita oportunidad ni las hace menos razonables. Sobre todo cuando son tan flagrantes las contradicciones de la actual política represiva, incapaz de cumplirse en sus propios términos (son manifiestas las reticencias del sistema financiero internacional al control del blanqueo del dinero del narcotráfico), caldo de cultivo para la corrupción policial y potenciadora, en cuanto dispara su valor económico, del poder del narcotráfico sobre instituciones y personas.

Es cierto que la dimensión mundial del narcotráfico exige una respuesta tarribién mundial y que sería inviable que un solo país se desmarcara del modelo represivo propugnado por Estados Unidos y asumido por Naciones Unidas en su convención sobre narcotráfico de 1989. Sin embargo, los casi 700 muertos por la droga en España durante el pasado año son otras tantas razones para plantear una y otra vez la conveniencia de otras alternativas que la actual: al menos para controlar sanitariamente a sus víctimas, evitarles el delito recaudatorio a que se ven impelidas muchas de ellas para lograr tan preciada, encarecida y con frecuencia adulterada mercancía, y desbaratar los circuitos económicos que alimentan este criminal negocio.