La victoria de los jueces

Linaza, padre de un activista de ETA, cumplió su palabra y denunció el mismo día ante la Audiencia Nacional malos trato durante los ocho días de su detención, tanto en la comandancia de La Salve, en Bilbao, como en unas dependencias de la Guardia Civil de Madrid que nunca pudo identificar porque los detenidos eran introducidos y sacados de allí encapuchados. El forense ex tendió un certificado de los hematomas que cubrían su cuerpo y de una herida en la frente.Desde entonces ha tenido que acudir al juzgado ocho veces para prestar declaración y 43 para intentar reconocer a sus torturadores ...

Linaza, padre de un activista de ETA, cumplió su palabra y denunció el mismo día ante la Audiencia Nacional malos trato durante los ocho días de su detención, tanto en la comandancia de La Salve, en Bilbao, como en unas dependencias de la Guardia Civil de Madrid que nunca pudo identificar porque los detenidos eran introducidos y sacados de allí encapuchados. El forense ex tendió un certificado de los hematomas que cubrían su cuerpo y de una herida en la frente.Desde entonces ha tenido que acudir al juzgado ocho veces para prestar declaración y 43 para intentar reconocer a sus torturadores en otras tantas ruedas por las que pasaron 350 guardias y 122 de relleno. El sumario ocupa 1.995 folios útiles en seis apretados tomos e incluye declaraciones escritas del presidente del Gobierno, Felipe González, y del anterior ministro del Interior José Barrionuevo.

El conflicto entre el Gobierno y la juez María Elisabeth Huerta el más grave registrado desde el restablecimiento de la democracia entre el Ejecutivo y el poder judicial, estalló en agosto de 1986. El teniente coronel jefe d la sección de justicia de la Dirección General de la Guardia Civil José Álvarez Alonso, informó a la magistrada que 90 guardias citados a rueda de reconocimiento habían recibido "orden del Gobierno de la nación de no comparecer".

La citación a rueda de reconocimiento era el resultado de una prolongada obstrucción a los intentos de establecer la identidad de los culpables. La Dirección de la Guardia Civil había contestado a las demandas de información con listados genéricos de casi 2.000 miembros del cuerpo, entre destinados, agregados y concentrados en la comandancia de Vizcaya.

Las relaciones contenían numerosas inexactitudes. Faltaban nombres ya constatados en el sumario, la enumeración no guardaba ningún orden ni incluía la antigüedad o la clase de los citados y atribuía destinos múltiples y contradictorios a algunos de ellos. En el abultado expediente judicial han quedado registrados por ewrito 19 reconocimientos de errores en los informes presentados por la Guardia Civil.

La juez no se arrugó. En la Audiencia de Bilbao tiene fama de llevarse los expedientes a casa los fines de semana para dedicarles ratos libres. Su pasión es el trabajo, excepto cuando puede escaparse de vacaciones a hacer march a de alta montaña a la cordillera del Himalaya. Recibió además el apoyo expreso de todos los, jueces de Bilbao y de las asociaciones de la magistratura y el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial.

El Consejo recordó públicamente al Ejecutivo la obligación de atender y obedecer las resoluciones de los jueces. La tormenta política desembocó en un debate crispado en el Parlamento, donde la actitud del Gobierno sólo encontró el respaldo de Alianza Popular. Huerta llamó a declarar al teniente coronel Álvarez Alonso y pidió testimonios por escrito del ministro del Interior y del presidente del Gobierno. El fiscal, ausente hasta entonces del sumario, comenzó a recurrir sin éxito cada una de sus decisiones

José Barrionuevo contestó el 15 de octubre en una nota de 10 líneas mecanografiadas. Envió su declaración, con sello de registro de sa ida de ministerio, por correo certificado. Admitía haber cursado la orden verbal de incomparecencia de los guardias previo acuerdo con el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y con la aprobación del presidente. Felipe González declaró el 18 de noviembre en cinco líneas y se limitó a confirmar lo dicho por Barrionuevo. La carta llegó al juzgado por correo con franqueo ordinario.

La juez abrió diligencias contra ambos y contra Fernando Ledesma por denegación de auxilio a la justicia. La tenacidad de la magistrada había comenzado a dar resultados, y los guardias eitados a comparecer fueron pasando ante Linaza en grupos menores. Diez días después de la declaración de González se ordenó por primera vez una investigación interna en la Guardia Civil sobre los agentes o mandos que tuvieron proximidad física con el detenido. La investigación desemboca en un informe.

"Era noviembre de 1986 y habían pasado seis arios y medio cuando obtuvimos a través del documento una idea de conjunto sobre quiénes habían tratado con Linaza y quiénes pudieron torturarle o consentirlo", recuerda el abogado de la víctima, el ex eurodiputado de Herri Batasuna Txema Montero. Por primera vez aparecía escrito que el capitán Rafael Masa ordenó la detención de Linaza y fue aquel día el único oficial de servicio.

Linaza pudo reconocer a dos de sus torturadores durante los interrogatorios, el sargento Alfredo Serrano Pastor y el guardia Lucio de Sosa. La información facilítada al fin por la Guardia Civil sobre el servicio de incidencias permitió sentar en el banquillo a otros 10 presuntos responsables. Fue imposible, en cambio, identificar a los tres guardias que el día siguiente a la detención le propinaron en el calabozo una brutal paliza para tratar de obligarle a dar vivas a España y a Franco.

El miércoles por la mañana acabó todo para Tomás Linaza, aunque aún deberá esperar con paciencia dos o tres años la decisión última del Supremo.