Destituido el jefe de la Abogacía del Estado de Barcelona por su relación con el 'cerebro' del fraude del IVA

La abogacía del Estado ha destituido al jefe de este servicio en Barcelona, Manuel Silva Sánchez, por su relación con Pere Bou, uno de los organizadores del fraude del IVA. Silva declaró ayer a este diario que "tenía la conciencia tranquila". Aclaró que no había sido expulsado del cuerpo, sino que la medida sólo afectaba a su jefatura. El letrado añadió que desconocía si su destitución iba a ser acompañada de la apertura de un expediente.

El ex ministro de UCD José Pedro Pérez-Llorca replicó ayer las informaciones que recogen su relación con uno de los principales implicados en el f...

La abogacía del Estado ha destituido al jefe de este servicio en Barcelona, Manuel Silva Sánchez, por su relación con Pere Bou, uno de los organizadores del fraude del IVA. Silva declaró ayer a este diario que "tenía la conciencia tranquila". Aclaró que no había sido expulsado del cuerpo, sino que la medida sólo afectaba a su jefatura. El letrado añadió que desconocía si su destitución iba a ser acompañada de la apertura de un expediente.

El ex ministro de UCD José Pedro Pérez-Llorca replicó ayer las informaciones que recogen su relación con uno de los principales implicados en el fraude, José Elpídeo Gómez (véase EL PAÍS de ayer). Pérez-Llorca declaró: "Por el apellido no se quien es esta persona. No he almorzado nunca con Elpídeo Gómez y jamás he cerrado un operación con él".

El organizador de la compraventa de facturas falsas, Pere Bou, manifestó en sus declaraciones sumariales que, tras mantener un primer contacto con Silva, éste le advirtió de que dos de sus sociedades estaban siendo inspeccionadas por Hacienda. En las diligencias consta, además, la trascripción de una conversación telefónica entre Bou y Silva, en la que el primero le pedía su intervención para conocer qué datos tenía Hacienda sobre dos de sus sociedades que estaban sometidas a inspección. Preguntado ayer si era cierto que advirtió a Bou sobre dichas inspecciones, Silva contestó: "No quiero ni confirmar ni desmentir; ya lo haré cuando proceda".

La destitución del cargo se produjo tres días después de que Bou se refiriera a él en una de las declaraciones judiciales que ha prestado desde la apertura de la investigación. Silva rehusó ayer hacer más declaraciones sobre su situación "porque no quiero salir más en los papeles". En su opinión, cualquier dato que se haga público sobre su relación con el cerebro del fraude puede influir en su situación.

Silva también es miembro del Tribunal Económico Administrativo de Cataluña (TEAC) y ha intervenido ante los tribunales, representando al Estado, en procesos judiciales por delito fiscal: entre ellos el seguido en la Audiencia de Barcelona contra Josep LLuís Núñez, presidente del FC Barcelona, y el futbolista Bernd Schustter.

48 sociedades

La inspección de Hacienda y la Guardia Civil han recopilado una relación de hasta 48 empresas susceptibles de haber sido utilizadas por la red de falsificadores de facturas falsas de Barcelona.

Las empresas vinculadas de una u otra forma a los principales implicados en el fraude son las siguientes: Agasa (hoy Constructora Gerundense); Asesoramiento y Financiación; Astromondi; Bañolas Comercial; Barcelonesa de Contratas; Bonoveil; Camponens; Centro Comercial Vinamar; Cipa; Ciquisa; Comercial Gosi; Construcciones 2G; Construcciones Metalúrgicas; Cota; Defor; Dulum; Edificios Granto; Finser 81; Fundición Contadellas; Fund Metall; García Salmerón; Ginés Mola; Ginés Sala-30; Inabel; Incedosa; Industrial Metalúrgica Barcelonesa (antes Milun Display); Industrial Maviport; Inmobiliaria Áncora; Inmobiliaria Marchsefell: Inmobiliaria La Olerdana; Ipsa; Maquinaria de Mecanizados y Repuestos; Machos de Fundición (Mafusa); Mecanizadora Ibérica; Novitas; Olímpic, Compañía de Leasing; Prolat; Protebou; Royal Lack; Sanisot; Sextric; Tecmoplasa; Vehículos Especiales, y Voluta.

Algunos de los abogados de implicados en el fraude han solicitado un aplazamiento para decidir si recurren la inhibición en la Audiencia Nacional. Alegan como motivo el volumen de las diligencias, más de 5.000 folios, y las dificultades para fotocopiarlas -el juzgado carece de fotocopiadora y una agente tiene que desplazarse a otras dependencias para obtener las copias que necesitan 30 abogados-.