La Policía Judicial del 'caso Guerra' investiga en Valencia inversiones millonarias
Las inmobiliarias Carmelo, Estellés, SA, y Luis Cases, SA, ambas con domicilio social en Valencia, serán investigadas minuciosamente por el Grupo de la Policía Judicial que indaga el caso Juan Guerra, en su próximo desplazamiento a esa ciudad, según fuentes de la Audiencia de Sevilla. El rápido enriquecimiento de Luis Cases, SA, empresa que se constituyó con un capital social de sólo tres millones de pesetas, extraña sobremanera a los investigadores. En los últimos años, Luis Cases, que indirectamente avaló en 1989 un préstamo de 80 millones a Juan Guerra, ha realizado millonarias inversiones ...
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Las inmobiliarias Carmelo, Estellés, SA, y Luis Cases, SA, ambas con domicilio social en Valencia, serán investigadas minuciosamente por el Grupo de la Policía Judicial que indaga el caso Juan Guerra, en su próximo desplazamiento a esa ciudad, según fuentes de la Audiencia de Sevilla. El rápido enriquecimiento de Luis Cases, SA, empresa que se constituyó con un capital social de sólo tres millones de pesetas, extraña sobremanera a los investigadores. En los últimos años, Luis Cases, que indirectamente avaló en 1989 un préstamo de 80 millones a Juan Guerra, ha realizado millonarias inversiones inmobiliarias.
La policía sospecha que el tráfico de influencias -y, por consiguiente, Juan Guerra- está detrás de "importantes proyectos urbanísticos" auspiciados por ambas empresas en casi toda la franja costera valenciana. En la agenda de la policía judicial figuran visitas a los municipios de El Puig, Altea, Campello, L'Alfàs del Pí, Benicàssim, Jávea, entre otras localidades de las costas de Valencia, Alicante y Castellón. Según estas fuentes, se van a investigar proyectos urbanísticos, algunos en período de ejecución, que podrían haber infringido la Ley de Costas.Proima Alfaz, inmobiliaria supuestamente vinculada a Carmelo Estellés, SA, ejecuta en la actualidad una "urbanización monstruosa", comentan estas fuentes, en L'Alfás del Pí (Alicante), que también va a ser investigada. No obstante, el eje de las indagaciones se va a centrar en el voluminoso caudal de inversiones realizado por Luis Cases, SA, uno de cuyos accionistas es Javier Porcar. Esta empresa posee el 98% de las acciones de Estuarios y Calas, la inmobiliaria que utilizó todo su capital social -200 millones de pesetas- para avalar un préstamo a Juan Guerra.
Entre otras significativas inversiones mobiliarias, Luis Cases adquirió el 1.4 de abril de 1989, por 300 millones, un lujoso balneario en la localidad jiennense de Marmolejo, segun consta en escritura pública verificada ante el notario de Valencia Julio Sainz Rodríguez. Al formalizarse la escritura, Luis Cases, a través de su representante Carlos Monerris Heredia, entregó 10 millones de pesetas en efectivo a José Estevet Regat, representante de la Sociedad Mercantil Aguas Minero-Medicinales de Marmolejo. Antiguos propietarios de este balneario, los Hermanos Funes Moreno, han presentado varias denuncias en el Juzgado de Andiliar (Jaén) por presunta estafa contra la sociedad que representa Estevet Regat, administrador general de Aurelio Usón, catedrático de Urología de la Universidad Complutense de Madrid.
Una decena de accionistas, entre ellos Estevet, resultaron heridos en una reyerta (se utilizaron bates de béisbol y sillas en la agresión) entre éstos y los hermanos Funes. Aunque hay versiones opuestas, la trifulca se originó al impedir Estevet Regat la entrada de los hermanos Funes al consejo de administración.
Ese día, según Rafael Funes, asistió a la reunión Javier Porcar, accionista mayoritario de Luis Cases. Funes señala que cuando informaron a los compradores de las deudas que tenía la empresa, Estevet Regat dijo: "No hay problema, eso lo arregla Guerra". "No mencionó el nombre de Juan, pero imagino que se refería a él", matiza Funes.
Estevet Regat ha afirmado que su relación con Luis Cases se circunscribe a la compra del balneario; el cual fue enajenado por que sus cargas "eran insosteni bles". Añadió que nunca había mantenido ninguna relación comercial con Juan Guerra y que la decisión de enajenar el balneario se basó simplemente "en su solvencia económica". La vinculación entre el constructor valenciano Adolfo de Bernardo (que ha sido llamado a declarar por el juez Márquez, instructor del caso) y Carmello Estellés, SA también va a ser investigada por la Policía Judicial. Ésta cree que De Bernardo, asiduo visitante del despacho que Juan Guerra ocupó durante siete años en Andalucía, recibió inyecciones económicas de Carmelo Estellés para realizar operaciones inmobiliarias en la costa de Alicante.