Situación inadmisible

LA VISITA de los líderes de UGT y CC OO centro militar de detención donde está recluido el cabo Manuel Rosa por reivindicar la sindicación en el seno de la Guardia Civil trasciende la dimensión de un acto solidario entre sindicalistas para convertirse en una denuncia en toda regla de una situación inadmisible. Promover el sindicalismo dentro de la Guardia Civil será compatible o no con sus reglamentos internos, pero, en cualquier caso¡ nunca debería haber sido motivo de una sanción tan disparatada como el encarcelamiento. El propio Gobierno parece darse cuenta, aunque con retraso, de la doloro...

LA VISITA de los líderes de UGT y CC OO centro militar de detención donde está recluido el cabo Manuel Rosa por reivindicar la sindicación en el seno de la Guardia Civil trasciende la dimensión de un acto solidario entre sindicalistas para convertirse en una denuncia en toda regla de una situación inadmisible. Promover el sindicalismo dentro de la Guardia Civil será compatible o no con sus reglamentos internos, pero, en cualquier caso¡ nunca debería haber sido motivo de una sanción tan disparatada como el encarcelamiento. El propio Gobierno parece darse cuenta, aunque con retraso, de la dolorosa situación que ha creado y ha puesto- en marcha una reforma que permita, al menos, enfocar el problema desde una reglamentación disciplinaria menos incivilizada.El carácter militar de la Guardia Civil, por el que se decidió legalmente el Gobierno en contra de promesas anteriores, complica el ejercicio de determinadas libertades reconocidas en la Constitución, aunque la Carta Magna no veda explícitamente la sindicación -supuesto que sí se da en el caso de los jueces, a los que, sin embargo, se les permite asociarse profesionalmente- ni a los integrantes de las Fuerzas Armadas ni a los de los cuerpos de seguridad del Estado, sean de naturaleza militar, como la Guardia Civil, o de naturaleza civil, como el Cuerpo Nacional de Policía. La Constitución se limita a autorizar al legislador a impedir el derecho a sindicarse a los primeros o restringirlo para los segundos.

El Gobierno parece temer que la sindicación degrade la labor de la Guardia Civil y disminuya el nivel de disponibilidad que le confiere su condición de cuerpo policial militarmente estructurado. Asegura también que si se le reconocen los mismos derechos que al Cuerpo Nacional de Policía, no existiría diferencia alguna entre los dos. Tal vez, pero ello no supone argumento suficiente que demuestre la conveniencia del mantenimiento de dos policías separadas. Y ese deba te es el que implícitamente está planteado. Pues cabe suponer que no se trata tanto de que la Guardia Civil no pueda sindicalizarse por su definición como cuerpo militar como de que se mantiene esa consideración para que no pueda sindicalizarse.