El Colegio de Arquitectos requiere por vía notarial a Álvarez

Luis Álvarez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y vicepresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), fue ayer requerido notarialmente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para que declare ante la comisión que investiga un presunto caso de cohecho municipal. Precisamente ayer, el decano del COAM, Luis del Rey, y el alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, expresaron su compromiso de llegar hasta el final en este asunto. El grupo municipal de Izquierda Unida ha pedido que el Ayuntamiento deje de utilizar el sistema de adjudicación directa en aquellos casos que n...

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Luis Álvarez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y vicepresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), fue ayer requerido notarialmente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para que declare ante la comisión que investiga un presunto caso de cohecho municipal. Precisamente ayer, el decano del COAM, Luis del Rey, y el alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, expresaron su compromiso de llegar hasta el final en este asunto. El grupo municipal de Izquierda Unida ha pedido que el Ayuntamiento deje de utilizar el sistema de adjudicación directa en aquellos casos que no exista urgencia.Según indicó el decano del COAM, Luis del Rey, es la tercera y la última vez que se requiere la presencia de Álvarez, obligado a comparecer en su calidad de arquitecto, antes de poner el tema en manos de la Comisión de Deontología.

Actuación directa

Según el primer informe enviado por el COAM al juez, Álvarez tuvo, a partir de 1988, una "actuación directa" en la selección de algunos de los profesionales, a quienes la EMV encargó proyectos de obra, a pesar de que entonces era sólo uno de los representantes de la oposición en el consejo de administración de la empresa municipal.

La investigación del COAM fue abierta a raíz de que un arquitecto, Ignacio Vicens, denunciara públicamente que un concejal del PP, cuyo nombre no dijo, había cobrado comisiones a cambio de adjudicar directamente proyectos a algunos arquitectos.

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El primer informe del COAM no se refirió, sin embargo, a las acusaciones de Vicens, sino a la supuesta "quiebra" que, según el colegio, se produjo en la adjudicación de proyectos en la EMV a partir de 1988.

Tras la presentación de una denuncia en el juzgado, la Comisión de Asuntos Profesionales del COAM, dirigida por Rafael Martínez-Turmo, inició una investigación y solicitó la comparecencia de varios arquitectos, entre ellos, la de Luis Álvarez.

Éste no compareció y recusó a Martínez-Turmo por haber hecho unas declaraciones a una emisora de radio en las que, sejún Álvarez, ya se le prejuzgaba. Álvarez tampoco acudió a la segunda llamada, por lo que la Junta de Gobierno ha acordado requerir su presencia por vía notarial, antes de adoptar posibles medidas disciplinarias.

Precisamente ayer tomaron posesión de su cargo los míembros de la Junta de Gobierno, que presidirá dos años más Luis del Rey. En su discurso, el decano del COAM se refirió a las denuncias y a las investigaciones en marcha.

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IU pide que el Ayuntamiento renuncie a los contratos 'a dedo'

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"Lamentablemente, vivimos ahora un tiempo en el que algunos, pocos, profesionales de la arquitectura y el urbanismo aparecen envueltos en supuestos escándalos e irregularidades que se derivan de actuaciones que poco tienen que ver con nosotros", dijo el decano del colegio de arquitectos. Del Rey expresó el "rechazo absoluto y el compromiso" del Colegio para "llegar hasta donde haga falta para el esclarecimiento de la verdad, colaborando con todas las instituciones".

En respuesta a este discurso, Agustín Rodríguez Sahagún, alcalde de Madrid, invitado al acto, pidió la colaboración de todos para lograr "la máxima transparencia en el funcionamiento de las instituciones, en concreto de la municipal, en bien de los ciudadanos".

En un intento de atajar en sus orígenes este tipo de problemas, el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitó ayer que el Ayuntamiento de Madrid renuncie al sistema de adjudicación directa por razón de su cuantía, de tal forma que no puedan ser realizados contratos a dedo por el solo hecho de que su importe sea inferior a determinados límites.

Junta de revisión de compras

Estos límites van desde los cinco millones para contratos por gestión de servicios a los 60 millones, pasando por los 10 millones para contratos de asistencia y 25 millones por suministro de bienes. Asimismo, IU solicitará en el próximo pleno que se cree una junta de compras municipal que supervise la adquisición de bienes.

"La ley permite el sistema de adjudicación directa en tres supuestos", dijo Francisco Herera, portavoz de IU. "Se puede utilizar este procedimiento cuando el empresario con el que se contrata es el único y cuando se trata de un caso de reconocida urgencia, para lo cual tiene que existir un informe del secretario general. En ambos casos no existe límite en la cuantía. La ley permite también a los ayuntamientos adjudicar directamente siempre que el límite no exceda el 5% de los recursos ordinarios municipales.

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