Pilar Miro, procesada por un delito de malversación
El juez de instrucción número 2 de Móstoles, Gregorio del Portillo, decretó ayer el procesamiento de la ex directora general de RTVE, Pilar Miró por un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 394.4 del Código Penal, que se castiga con una pena de 12 a 20 años de prisión. El juez toma como referencia para dictar el procesamiento la propia declaración de Pilar Miró, según la cual "no tenía intención alguna" de reintegrar los casi cuatro millones de pesetas con los que adquirió prendas de vestuario y objetos de uso personal, con cargo a los presupuestos del Ente Público ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El juez de instrucción número 2 de Móstoles, Gregorio del Portillo, decretó ayer el procesamiento de la ex directora general de RTVE, Pilar Miró por un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 394.4 del Código Penal, que se castiga con una pena de 12 a 20 años de prisión. El juez toma como referencia para dictar el procesamiento la propia declaración de Pilar Miró, según la cual "no tenía intención alguna" de reintegrar los casi cuatro millones de pesetas con los que adquirió prendas de vestuario y objetos de uso personal, con cargo a los presupuestos del Ente Público RTVE.El juez considera que los indicios de que dispone hasta la fecha apuntan a que Pilar Miro pudo haber cometido un delito de malversación de caudales Públicos, recogido en el Código Penal, que castiga con penas de reclusión menor e inhabilitación absoluta, al "funcionario público que sustrajere los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo o disposición por razon de sus funciones". En atención a que las "circunstancias personales" de Pilar Miró "no hacen temer que trate de sustraerse a la acción de la Justicia", el magistrado considera procedente mantener su situación de libertad provisional sin fianza, aunque con la obligación de comparecer en el juzgado el primer día de cada mes.
La resolución no impone fianza para cubrir eventuales responsabilidades civiles debido a que "la procesada reintegró las cantidades de que presuntamente se apropió". El próximo día 30, Pilar Miró ha sido citada en el juzgado para tomarle declaración indagatoria.
El defensor de Pilar Miró, Gonzalo Casado, calificó el precepto aplicado por el juez de "aberración legislativa", porque asigna a la malversación de caudales superior a 2,5 millones "igual pena que a un homicidio consumado".
Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de los querellantes contra Pilar Miró, la Unión de Técnicos y Cuadros de Radiotelevión, declaró que "el procesamiento llega tarde, lo cual e malo para la procesada, que lleva un ano y medio de incertidumbre, Y para la acusación, que ha desgastado sus energías hasta conseguirlo".