Casi tres millones de españoles, dispuestos a asociarse como consumidores
El 50% de los españoles tiene confianza en las asociaciones de consumidores y casi tres millones estarían dispuestos a asociarse, según una encuesta del Instituto Nacional del Consumo. El fomento de estos organismos; como interlocutores entre el usuario, la administración y los productores de bienes y servicios, será línea prioritaria del Gobierno, según explicó ayer el secretario general de Consumo, Cesar Braña, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
El Consejo de Ministros aprobará a primeros de abril el Real. Decreto que desarrolla la Ley General de Defensa de los Cons...
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El 50% de los españoles tiene confianza en las asociaciones de consumidores y casi tres millones estarían dispuestos a asociarse, según una encuesta del Instituto Nacional del Consumo. El fomento de estos organismos; como interlocutores entre el usuario, la administración y los productores de bienes y servicios, será línea prioritaria del Gobierno, según explicó ayer el secretario general de Consumo, Cesar Braña, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
El Consejo de Ministros aprobará a primeros de abril el Real. Decreto que desarrolla la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios por el que se crea el Consejo de Consumidores como órgano consultivo y, se regula el funcionamiento de las asociaciones de usuarios. También asegurará la efectiva reparación del daño que sufra el ciudadano en el consumo de bienes y servicios, reforzando las juntas de arbitrajes.
En los últimos dos años se han constituido tres juntas de ámbito autonómico, siete provinciales, una de mancomunidad de municipios y once locales. En ellas se han tramitado hasta ahora un total de 4.200 asuntos por un importe medio de 40.000 pesetas y una duración que no sobrepasa los 30 días en cada una de ellas.
Los respresentantes de las 53 asociaciones de consumidores existentes en España hicieron un llamamiento a los usuarios a participar activamente en la defensa de sus derechos para evitar que la apertura de fronteras comunitarias en 1993 convierta a nuestro país en un "mercado basura", donde se vendan productos rechazados en otras sociedades más exigentes.