Los socialistas emprenden hoy una campaña para defenderse de las "falsedades" de la Prensa
Dirigentes socialistas son partidarios de que el Gobierno reforme la ley de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen para ampliar los supuestos delictivos, distintos a la injuria, la calumnia o la difamación, de manera que puedan defenderse de lo que consideran "falsedades" sobre miembros del Gobierno y del PSOE, dadas las dificultades que encuentran con la legislación actual para que los jueces tomen en consideración las querellas que presentan. Lejos de dar marcha atrás por la decisión judicial de no admitir a trámite la querella contra el diario El Mundo, los dir...
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Dirigentes socialistas son partidarios de que el Gobierno reforme la ley de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen para ampliar los supuestos delictivos, distintos a la injuria, la calumnia o la difamación, de manera que puedan defenderse de lo que consideran "falsedades" sobre miembros del Gobierno y del PSOE, dadas las dificultades que encuentran con la legislación actual para que los jueces tomen en consideración las querellas que presentan. Lejos de dar marcha atrás por la decisión judicial de no admitir a trámite la querella contra el diario El Mundo, los dirigentes socialistas estudian las posibilidades legales que impidan "la impunidad" de algunos medios de comunicación respecto a sus informaciones o juicios sobre los socialistas, que hoy mismo comienzan una ofensiva pública en el intento de mejorar su imagen.
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, presidida por Felipe González, estudió ayer oficialmente la situación política actual, caracterizada por el enfrentamiento entre los medios de comunicación y el Gobierno-PSOE, sobre todo desde que emergió el pasado mes de enero el asunto del hermano del vicepresidente Alfonso Guerra. La posterior querella presentada por el fiscal general del Estado contra el diario El Mundo y su no admisión a trámite no ha arredrado a los socialistas, que continúan en la tesis de tomar la iniciativa en el intento de que se vuelvan las tornas y se genere en la opinión pública la imagen de que algunos medios de comunicación "actúan con irresponsabilidad", todo ello envuelto en una especie de conspiración de "algunos sectores sociales y políticos" sin determinar.También de forma oficial la cúpula socialista, así como la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, insisten en que no es su deseo establecer una lucha contra los medios de comunicación, sino que esperan que los profesionales actúen con rigor y veracidad e incluso instan a éstos para que ellos mismos marginen a esos supuestos medios de comunicación poco rigurosos.
Falsedades
Si en opinión de los socialistas no se tomara en serio este consejo, el Gobierno utilizaría para defenderse las querellas, a través del fiscal general del Estado, y ampliaría la ley del derecho de protección del honor, de la intimidad y la propia imagen con supuestos nuevos.
Los socialistas consultados aseguran que algunas informaciones no puede catalogarse como calumnias, injurias o difamaciones y hablan de "falsedades". El encuadre jurídico de esta última categoría es el objetivo que persigue el PSOE. Un adelanto lo ofreció ayer la ministra portavoz, Rosa Conde, que protagonizó un coloquio en el Club Siglo XXI, y aunque aseguró que no era partidaria de nuevas leyes, matizó lo siguiente: "Si la actual legislación no está muy clara habrá que marcarla un poco". Dicho eso, aseguro que el 99% de los medios de comunicación actúa con rigor y que sus quejas se refieren a un grupo marginal" para asegurar que el Gobierno no tiene la sensación de vivir un enfrentamiento con los medios sino que tan sólo está "preocupado". Se extendió la ministra en asegurar la capacidad de los socialistas de encajar la crítica "Lo que ocurre es que parte de esa crítica pone en cuestión las señas de identidad con las que el partido ganó las elecciones en 1982; esto es, se pone en cuestión la honradez personal o política de los gobernantes".
En la escala de mensajes del PSOE se ha introducido la apelación a la sociedad. Es decir los socialistas aseguran que no quieren defender su honor por ellos mismos sino "por bien de la sociedad", para que esté tranquila respecto a la actitud de las personas que gobiernan. Esto son palabras oficiales, ya que desde el Ejecutivo, y sobre todo desde el PSOE, desde hace días no se piensa en otra cosa que en la forma de atajar esta "campaña" contra los socialistas. Entre éstos se escucha continuamente el "ya está bien" y "ya ha Regado el momento de defenderse", apelando incluso a sus familias por el grave perjuicio personal que les supone que se considere a los socialistas en general como "unos chorizos".
El PSOE extenderá su mensaje a partir de hoy en diferentes escalas para comenzar por el secretario de organización del PSOE, Txiki Benegas, que ha convocado una conferencia de prensa, en teoría para informar de lo tratado ayer por la comisión ejecutiva federal. Un anticipo de la nueva doctrina ya lo dio ayer la ministra portavoz, Rosa Conde. El acto estrella se producirá el domingo en Sevilla, donde se asistirá a una movilización excepcional de los militantes socialistas, llegados de todos los puntos, para escuchar al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.
El colofón lo pondrá el presidente del Gobierno, Felipe González, con una comparecencia pública en conferencia de prensa en fecha aún sin determinar, aunque será antes del 8 de marzo, día en el que comienza una gira suramericana.
"Aquí vale todo"
El Gobierno no sólo está incómodo con la actitud de un sector de la Prensa, sino también con el poder judicial, a la vista de las muestras de disgusto que les produce las sentencias judiciales de los últimos tiempos, que empezaron con la anulación de las elecciones generales en tres lugares y, como final, la no admisión a trámite de la querella contra el diario El Mundo. Las formas se guardan perfectamente y todos repiten el consabido "acatamiento", para tildar después las sentencias o resoluciones de .preocupantes". Para Rosa Conde, la última decisión judicial pone de manifiesto "la independencia de este poder, aunque parece que después de ésta se ha instaurado el vale todo".Poniéndose en la peor de las situaciones, la ministra dijo que la inadmisión de esta querella también suponía el impedimento para investigar si efectivamente "había incurrido en alguna responsabilidad", como se desprendía de la información periodística.
En las numerosas intervenciones se entrecruzaban este problema y el llamado caso Guerra, que la ministra despachó con la apelación a que el tráfico de influencias será regulado -próximamente, para lo que ya se ha puesto en marcha una comisión en el Congreso.
La autorregulación de la Prensa fue abordada, entre otros, por el director de EL PAÍS, Joaquín Estefanía. A diferencia de otros periodistas presentes, Estefanía dijo ser partidario de la autorregulación para defender a los ciudadanos de las presiones del poder y de posibles abusos y errores de los propios periodistas. "Hay que defender a los lectores -propietarios últimos de los medios de comunicación-, del amarillismo, el corporativismo de los periodistas y de aquellos profesionales que quieren ser toros y toreros a la vez; es decir, ejercer de periodistas y representar intereses políticos o financieros de modo directo o, las más de las ocasiones, de forma encubierta", afirmó Estefanía. No obstante, se lamentó de que "destacados miembros del Gobierno hayan pedido autoritariamente la autorregulación". "Los que dicen 'autorregulaos o os autorregulamos' nos quitan la razón a los que somos partidarios de la misma".
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, dijo a la ministra que pensara si, en el caso de su periódico, el Gobierno quizá "había entendido mal, había presentado una querella sin fundamento e incluso había difamado". Rosa Conde afirmó que el Ejecutivo no iba a rectificar, ya que la decisión última la adoptarían los jueces.