El Gobierno dispone de mes y medio para celebrar las elecciones en Melilla
El Gobierno dispone de mes y medio para efectuar la votación de las elecciones generales en Melilla. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que concedía un plazo de tres meses para la realización de los comicios. Los tres meses empezaron a contar desde el momento en que los magistrados notificaron la sentencia, y sólo fue paralizado un mes y medio más tarde por decisión del Tribunal ConstitucionaI, que dejó el plazo en suspenso, en tanto decidiera sobre el fondo de la cuestión.El Tribunal Constitucional, al paralizar el plazo, señalaba textualmente: "El...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El Gobierno dispone de mes y medio para efectuar la votación de las elecciones generales en Melilla. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que concedía un plazo de tres meses para la realización de los comicios. Los tres meses empezaron a contar desde el momento en que los magistrados notificaron la sentencia, y sólo fue paralizado un mes y medio más tarde por decisión del Tribunal ConstitucionaI, que dejó el plazo en suspenso, en tanto decidiera sobre el fondo de la cuestión.El Tribunal Constitucional, al paralizar el plazo, señalaba textualmente: "El tribunal concede la suspensión de la sentencia de 4 de diciembre (...) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía exclusivamente en lo que concierne al transcurso del plazo de tres meses para "efectuar sólo la votación" a elecciones generales en aquella circunscripción, plazo que queda interrumpido desde la fecha de este auto hasta, en su caso, la de la sentencia en el presente recurso".
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, manifestó ayer a Radio Nacional de España: "El Gobierno tiene aproximadamente mes y medio para convocar la votación en Melilla, es decir, lo que le queda de los tres meses dictados anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".
Tomás y Valiente señaló que consideraba que la repetición de la votación en Melilla fue la decisión más acertada, debido a que según el tribunal andaluz las irregularidades no podían ser cuantificadas y habían alterado decisivamente el resultado.
Sobre el caso de Pontevedra, Tomás y Valiente precisó que se trataba de "un desajuste aritmético que no alteró el resultado".