Industria y Repsol presionan a las refineras privadas para segregar Campsa
El Ministerio de Industria y Energía ha puesto en funcionamiento todos sus recursos para abordar el proceso de clarificación de Campsa, cuyo futuro está planteado en base a la segregación de la actual empresa en dos actividades, la logística (o explotación de la red de distribución) y la comercial (estaciones de servicio). El objetivo de Industria, en apoyo a las tesis de Repsol, es alcanzar una definición absoluta antes del 1 de julio, fecha en la que entrará en vigor la liberalización de los precios de la gasolina al por menor. Por su parte, algunos socios privados tienen que clarificar su s...
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El Ministerio de Industria y Energía ha puesto en funcionamiento todos sus recursos para abordar el proceso de clarificación de Campsa, cuyo futuro está planteado en base a la segregación de la actual empresa en dos actividades, la logística (o explotación de la red de distribución) y la comercial (estaciones de servicio). El objetivo de Industria, en apoyo a las tesis de Repsol, es alcanzar una definición absoluta antes del 1 de julio, fecha en la que entrará en vigor la liberalización de los precios de la gasolina al por menor. Por su parte, algunos socios privados tienen que clarificar su situación actual.
El Ministerio de Industria ha preferido mantenerse, hasta ahora, al margen de las polémicas que ha generado el planteamiento de segregación de la empresa distribuidora de combustibles entre sus accionistas. Sin embargo, la cercanía del uno de julio y la inmediata entrada en vigor de la liberalización de los precios de venta de gasolina en las estaciones de servicio, con la consecuente repercusión en la competitividad, ha hecho que determine la urgencia de llevar a cabo la reestructuración, que considera "conveniente y necesaria".De hecho, el departamento que titula Claudio Aranzadi ya ha hecho pública su postura sobre esta cuestión. El ministro confirmó el pasado día 14 en el Congreso de los Diputados que los estudios que se están realizando en este sentido, respaldan la segregación de Campsa. A partir de ahí todo depende ahora de acelerar las negociaciones entre los distintos accionistas de la antigua empresa monopolística española que mantienen distintos intereses y pareceres sobre su futuro.
Al mismo tiempo, Petromed, sociedad controlada por Banesto, tiene el reto de despejar antes de la fecha de liberalización la incógnita de sus relaciones con British Petroleum (BP), que se comprometió a tomar entre el 7% y el 15% de su capital. Por su parte, CEPSA debe cerrar la ampliación de la presencia de IPIC, firma estatal del emirato de Abu Dabi, que se comprometió a elevar su participación hasta el 20%.
La segregación planteada contempla que Campsa mantenga únicamente el control de la red logística, o de distribución de productos petrolíferos, con la participación accionarial de los actuales socios en las proporciones actuales. Por otro lado propone que el área comercial, basada en la gestión de las estaciones de servicio, quede dispersada entre los socios de acuerdo a su participación. En Campsa, el capital se reparte entre el grupo público Repsol, que con el 12,97%, de Petronor controla el 69,66%, y las firmas refineras privadas (CEPSA, con el 14,64%; Petromed, con el 7,51 %, y Ertoil, con el 5,76%), además de algo más del 2% que está repartido entre pequeños inversores en bolsa.
Puntos de venta
Según el planteamiento propuesto por el presidente del grupo Repsol, Óscar Fanjul, en el seno del Consejo de Administración de Campsa, los socios se repartirían los puntos de venta que quedaron en propiedad de Campsa en la red concesionaria, alrededor de 2.000 sobre un total de 4.366 puntos de venta, aunque tendrían que compensar las inversiones realizadas por la empresa. El plan estratégico había destinado 139.000 millones de pesetas al capítulo comercial y a estas fechas está desarrollado en las tres cuartas partes.Fanjul recibió el apoyo del principal socio privado, CEPSA, empresa en la que el Banco Central controla el 30,6%. Sin embargo, provocó la reacción airada de los representantes de Petromed y Ertoil, que desde su posición minoritaria consiguieron paralizar el proceso. Estas dos compañías se mostraron contrarias por considerar que las compensaciones supondrían unos cuantiosos gastos adicionales. Además pusieron en entredicho el reparto de las gasolineras.
Durante el período que ha estado paralizado el proyecto, no obstante, se han continuado las negociaciones tendentes a tomar posiciones ante lo que todas las partes han considerado proceso irreversible. Entre ellas se ha desvelado que el grupo Repsol trata de quedarse con la marca Campsa, lo que a la larga puede suponer acuerdos compensatorios a las otras firmas a la hora de pagar las gasolineras que les correspondan.
Además de Campsa, el grupo público controlado por el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) quiere compartir también Repsol y Petronor. Fanjul quiere, por todos los medios, aumentar su red de gasolineras. El miércoles aseguró que estaba dispuesto a desarrollar la red paralela con una media entre 200 y 300 anuales.
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