Ángel Alcalde 'desaparece' tras la decisión del Supremo de que ingrese en prisión

El diputado efecto de Herri Batasuna Ángel Alcalde, que debería reingresar ayer en la cárcel tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, se encuentra en paradero desconocido desde el pasado martes. La Sala Segunda del alto tribunal acordó el ingreso de Alcalde en prisión tras la petición formulada por el fiscal general del Estado, Javier Moscoso. Los magistrados remitieron un telegrama al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, para que ordenara la inmediata búsqueda y detención del presunto colaborador de ETA.

Alcalde tiene su domicilio en el número 31 de la calle d...

El diputado efecto de Herri Batasuna Ángel Alcalde, que debería reingresar ayer en la cárcel tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, se encuentra en paradero desconocido desde el pasado martes. La Sala Segunda del alto tribunal acordó el ingreso de Alcalde en prisión tras la petición formulada por el fiscal general del Estado, Javier Moscoso. Los magistrados remitieron un telegrama al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, para que ordenara la inmediata búsqueda y detención del presunto colaborador de ETA.

Alcalde tiene su domicilio en el número 31 de la calle de Correos, en el municipio vizcaíno de Portugalete. Según testimonios de los propios vecinos, el diputado de HB ha estado durante estos días en su casa, aunque no pudieron confirmar si había dormido allí.Fuentes de la coalición abertzale aseguraron, durante todo el día de ayer, desconocer el paradero del diputado electo de la de HB. El abogado Íñigo Iruin, que ha defendido a Alcalde durante estas semanas, afirmó nada más conocer la decisión del Supremo que iba a interponer un recurso de súplica contra el auto de prisión preventiva. Iruin criticó la tardanza del Supremo en notificarle el auto.

Herri Batasuna emitió ayer un comunicado en el que señala que la decisión tomada por Alcalde no responde a un deseo de pasar a la clandestinidad sino que es una "actitud de protesta y denuncia" contra el régimen político español.

Para HB resulta comprensible la decisión de Alcalde, "teniendo en cuenta su legitimidad como representante del pueblo vasco avalada por las urnas y desoída con el mayor de los desprecios por el Congreso y el propio Tribunal Supremo".

Guerra y los jueces

El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, recordó ayer en Orense que han sido los jueces quienes han puesto en libertad a Alcalde Linares. "Si este señor desaparece está corroborando nuestra tesis, la del Gobierno, de que no debía haber salido de la cárcel". "Fuimos contrarios a que alguien que ha cometido presuntamente un delito con anterioridad a obtener la condición de diputado fuera puesto en libertad, pero es una atribución de los jueces darle esa libertad", remachó, informa Anabel Díez.

Guerra no cree que se haya producido una actuación policial incorrecta, "ya que una persona que no está en proceso de investigación por un delito no puede estar vigilada, porque el juez ha dicho que se le ponga en libertad". En ese momento Guerra recordó que "algunos señores [presumiblemente hablaba de miembros electos de Herri Batasuna] han rechazado la protección policial que desde Interior se les había ofrecido.

El Supremo en su resolución de ayer señala textualmente: "Atendida la índole de los hechos imputados a Ángel Alcalde Linares, a los que les viene señalada legalmente pena de prisión mayor, siendo aquellos de los que producen alarma social ( ... ), procede decretar la prisión provisional incondicional y comunicada del diputado electo".

La decisión de¡ alto tribunal fue notificada al fiscal del Estado; al abogado defensor de Alcalde, Kepa Landa, y al presidente del Congreso, Félix Pons. Landa ha anunciado que presentará recurso de súplica contra la resolución del Supremo, para lo que dispone de un plazo de tres días. La interposición de de tres días. La interposición de este recurso no paraliza el ingreso en la cárcel.

El Supremo acordó también la continuación del proceso contra Alcalde, que había sido paralizado tras la proclamación como diputado electo, en sustitución del asesinado Josu Muguruza, por la Junta Electoral de Vizcaya.

En la resolución, el Supremo no se pronuncia sobre si sigue siendo competente para conocer del caso, debido a que Alcalde no ha adquirido su condición plena de diputado, ya que no ha jurado la Constitución. No obstante, implícitamente, el Supremo se considera competente, puesto que ha acordado la prisión del diputado electo, y en caso contrario se hubiera abstenido y hubiera remitido de nuevo las actuaciones judiciales a la Audiencia Nacional. Tampoco se ha señalado fecha para el juicio.

Además es de destacar que el fiscal general del Estado es partidario de que la competencia para juzgar a Alcalde corresponde al Supremo. Moscoso considera que aunque el militante abertzale esté suspendido de sus prerrogativas como parlamentario por no haber jurado la Constitución, en cualquier momento puede adquirir la condición plena de diputado. Alcalde, en opinión del fiscal del Estado, no pierde la condición de diputado por no jurar la Carta Magna, y en cualquier caso mantiene el fuero especial.

El fiscal estima que de volver de nuevo el caso a la Audiencia Nacional, con el consiguiente cambio de fuero, y luego Alcalde acatase la Constitución, se produciría una nueva modificación y el caso tendría que regresar al Supremo, lo que originaría perturbaciones y dilaciones indebidas en el proceso.

El militante de HB, de 48 años, está acusado de haber pasado diversas informaciones de interés para ETA al dirigente de la organización terrorista Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros. Alcalde fue procesado, aunque al entrar en vigor la denominada reforma Múgica, el auto de procesamiento fue levantado y el caso fue reconvertido a procedimiento abreviado.

El fiscal de la Audiencia Nacional en su escrito de acusación solicitaba para él una pena de ocho años de prisión por delito de colaboración con banda armada. Todo parece indicar que el fiscal del Estado presentará ante el Supremo un escrito de acusación similar al elaborado por su subordinado y con la misma petición de pena.