Un inspector fiscal, acusado por su mujer de impedirle ver a sus hijos

Francisca García Moreno, de 53 años, ha iniciado los trámites para recuperar la relación con sus hijos Enrique, de 16 años, y Susana, de 12, por considerar que la prohibición de verles impuesta por su marido, Enrique Esteban Bañales, de 61 años, inspector de Hacienda, modifica una sentencia de marzo de 1988. - La Audiencia Territorial de Madrid atribuyó entonces la custodia de ambos niños al padre, pero estableció que "la madre podrá visitar y tener en su compañía" a los hijos. La resolución del incidente corresponderá a Elisa Veiga, juez de familia de Madrid, que inicialmente asignó el hi...

Francisca García Moreno, de 53 años, ha iniciado los trámites para recuperar la relación con sus hijos Enrique, de 16 años, y Susana, de 12, por considerar que la prohibición de verles impuesta por su marido, Enrique Esteban Bañales, de 61 años, inspector de Hacienda, modifica una sentencia de marzo de 1988. - La Audiencia Territorial de Madrid atribuyó entonces la custodia de ambos niños al padre, pero estableció que "la madre podrá visitar y tener en su compañía" a los hijos. La resolución del incidente corresponderá a Elisa Veiga, juez de familia de Madrid, que inicialmente asignó el hijo al padre y la hija a la madre.

En la sentencia de 26 de marzo de 1987 que resolvió la demanda de separación interpuesta por Francisca García contra su esposo, la juez Veiga tuvo muy en cuenta el detallado informe realizado por el psicólogo y la asistente social del juzgado, que recomendaba a la magistrada que otorgara la guarda y custodia de Susana a la madre y la de Enrique al padre, y en su defecto, "un régimen de visitas lo más flexible y adecuado posible".

La Sala Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid revocó parcialmente esta sentencia y estableció que los dos hijos quedaran con el padre, quien debería tener "compartida la patria potestad con la madre". Ésta, según este fallo, "podrá visitar y tener en su compañía a los referidos menores de edad".

El incumplimiento de este último punto ha llevado a Francisca García a plantear un incidente de modificación de efectos de la sentencia que, según fuentes judiciales, corresponderá resolver a la juez Veiga, que conoce el caso desde el principio y tendrá que aplicar en sus justos términos la sentencia que revocó parcialmente la dictada por ella. La abogada Consuelo Abril resalta la poderosa situación económica del esposo, que es propietario de una docena de pisos en la zona de la madrileña Castellana.