Justicia rodea de la máxima discreción beneficios concedidos a algunos presos de ETA

El Ministerio de Justicia está desarrollando con el mayor sigilo la nueva política penitenciaria frente a presos de la organización terrorista ETA, que ha permitido ya la salida en libertad condicional de tres reclusos y de un cuarto cuya sentencia está recurrida. Se trata de una consecuencia obligada de la reclasificación de estos presos, iniciada en los primeros meses del año. Los abogados defensores denuncian arbitrariedad en la aplicación de los beneficios.

Salvo excepciones por razones concretas, como enfermedades terminales, los reclusos de ETA habían sido clasificados siempre en ...

El Ministerio de Justicia está desarrollando con el mayor sigilo la nueva política penitenciaria frente a presos de la organización terrorista ETA, que ha permitido ya la salida en libertad condicional de tres reclusos y de un cuarto cuya sentencia está recurrida. Se trata de una consecuencia obligada de la reclasificación de estos presos, iniciada en los primeros meses del año. Los abogados defensores denuncian arbitrariedad en la aplicación de los beneficios.

Salvo excepciones por razones concretas, como enfermedades terminales, los reclusos de ETA habían sido clasificados siempre en primer grado, el de los presos más peligrosos, en razón de su pertenencia a una organización terrorista. La dispersión por la mayoría de las prisiones españolas realizada en los últimos meses ha ido acompañada de la reclasificación de algunos internos en segundo y tercer grados, más favorables para el interesado.Ni la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia ni las gestoras pro amnistía ni los abogados defensores facilitan el número de presos que disfrutan del segundo o el tercer grado, aunque puede alcanzar ya varias decenas.

Las gestoras alegan que están completando un recuento, cuyo resultado podrá conocerse la semana próxima. En el tercer grado de la clasificación penitenciaria, los internos pueden disfrutar permisos y abandonar la prisión en libertad condicional una vez cumplidas las tres cuartas partes de la pena máxima aplicable.

Esta pena máxima es el triple de la condena mayor que haya sufrido el preso, según el artículo 70 del Código Penal. En aplicación de este principio, el 25 de octubre salió de la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) Adirián Olaciregui, condenado a seis años.

El 1 de noviembre quedó en libertad condicional Ignacio Albistur, condenado en total a 20 años. Albistur se ha beneficiado de la redención de condena por el trabajo. Había sido detenido en 1979 y condenado por un asesinato que no pudo perpetrar al no encontrar a la víctima. También fue declarado culpable de depósito de armas de guerra, robo de un coche, tareas de vigilancia para ETA y preparación de la voladura de un tren de mercancías.

El tercer preso beneficiado por la libertad condicional es José Agustín Landa, detenido en Urretxu (Guipúzcoa) después de estallarle un artefacto que estaba manipulando y que le amputó una pierna. Pablo Vivanco ha quedado en libertad condicional al haber cumplido la mitad de la condena y estar la sentencia recurrida.

Reivindicación antigua

La aplicación a los presos de ETA de los beneficios legales comunes para los demás reclusos ha sido reclamada en varias ocasiones por sus abogados defensores. En diciembre de 1982, una comisión de letrados mantuvo una reunión con Juan José Martínez Zato, recién nombrado director general de Instituciones Penitenciarias en el primer Gobierno del PSOE. Le pidieron que no se discriminara a los reclusos de organizaciones terroristas en la reducción de penas.

La última ocasión pública fue el 4 de febrero de 1988. El eurodiputado Txema Montero solicitó al Gobierno la concesión de la libertad provisional a medio centenar de presos que legalmente podían disfrutarla. Sería, dijo el abogado de Herri Batasuna, "un gesto de buena voluntad hacia la oferta de tregua recién hecha por ETA. El secretario de organización del PSOE, José María Benegas, calificó al día siguiente la petición de "broma".

La aplicación de aquella demanda no está siendo considerada ahora en la práctica una victoria. Los presos no abandonan la cárcel rodeados de flashes, y los homenajes que reciben de las gestoras en sus pueblos respectivos son discretos.

Los abogados y las propias gestoras denuncian la nueva política. "Se trata de una aplicación discriminatoria y arbitraria de la ley", afirma el abogado Alvaro Reizabal. "No se aplican con objetividad unas normas en función de la opinión de la junta de cada centro penitenciario, como indica la ley", añade. "A unos se les conceden y a otros no, sin que se sepa por qué. Las órdenes llegan desde el Ministerio de Justicia por fax". Esta actuación está guiada por motivos políticos más que penitenciarios, dice Reizabal. El Gobierno quiere sembrar la división en el hasta ahora férreo colectivo penitenciario de ETA, según el abogado, y está provocando situaciones equívocas.

Algún preso ha pasado del primer grado al tercero de un día para otro y sin estar nunca en el intermedio. Otros han sido forzados contra su voluntad a trasladarse de galería al cambiar del primer grado al segundo. Alegaban que ellos no habían pedido ser reclasificados. Reizabal tiene un cliente en Zaragoza "al que tratan de obligarle a coger permisos de fin de semana, aunque él no quiera". No es que el interno, Marcos Oyarbide, no desee abandonar la cárcel, explica su abogado. "Es que quiere salir para no volver nunca más".

Desde el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se afirma que estas reacciones son consecuencia del miedo. Los presos quieren combatir la apariencia de que los beneficios recibidos se deben a una actitud colaboracionista o, en la terminología de Justicia, "proclive a la reinserción".