La lentitud de la justicia

Los socios han mostrado su malestar por la lentitud de tramitación y la falta de noticias sobre las denuncias presentadas en estos años. Ya en junio de 1987, los socios nombrados interventores de la cooperativa dirigieron un escrito al Consejo General del Poder Judicial para que se agilizara la administración de Justicia en este caso. Numerosos socios consultados no se recatan en opinar que esta lentitud sólo se explican por el hecho de que miembros de la cooperativa y de los sucesivos consejos rectores ocupan o han ocupado altos cargos de la administración pública socialista.En agosto de 1987...

Los socios han mostrado su malestar por la lentitud de tramitación y la falta de noticias sobre las denuncias presentadas en estos años. Ya en junio de 1987, los socios nombrados interventores de la cooperativa dirigieron un escrito al Consejo General del Poder Judicial para que se agilizara la administración de Justicia en este caso. Numerosos socios consultados no se recatan en opinar que esta lentitud sólo se explican por el hecho de que miembros de la cooperativa y de los sucesivos consejos rectores ocupan o han ocupado altos cargos de la administración pública socialista.En agosto de 1987, un grupo de 60 socios de la promoción de Getafe presentó una denuncia "contra quien correspondiera", al enterarse de que Contractor les reclamaba los 230 millones citados, cuando los denunciantes, como demostraron ante el juzgado, habían pagado a la cooperativa lo que les correspondía.

La propia Dirección General de Cooperativas envió un informe al fiscal general de Madrid en el que se recogían las irregularidades detectadas en la inspección realizada por el funcionario Francisco Galindo. La fiscalía envió el informe al juzgado de guardia, en enero de 1987, "para que proceda a la incoacción del oportuno proceso penal", sin que tampoco se haya vuelto a saber nada.

El anterior defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, escribió al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), el 27 de mayo de 1987, recordándole que "la demora excesiva en la tramitación del expediente sancionador resulta contraria al mandato constitucional". La notificación de Ruiz-Giménez vino motivada por las protestas de un grupo de socios que habían denunciado al Ivima la aparición de grietas y otros desperfectos en sus casas en 1984.

Hasta ahora no ha sido posible hablar con el presidente de la cooperativa, Francisco Javier Martín Plaza, quien continúa en el mundo de los negocios. Actualmente es vocal junto con Joaquín Mundo Arago, también miembro del consejo rector, de la sociedad Parmacam, domiciliada en Alcalá, 121, donde se encuentra también la empresa Clotime, de la que Mundo Arago es presidente. De ambas sociedades forma parte Pascual Llopis Medrano, abogado de la cooperativa.