La policía tuvo que recurrir a cerrajeros y bomberos para poder desalojar a los vecinos de Cava Baja

Tres meses después de su declaración de ruina, el inmueble de Cava Baja, 30, se ha quedado sin vecinos. El Ayuntamiento de Madrid realizó un gran despliegue de medios para expulsar a las 16 familias que aún quedaban en el ediflicio y que pedían un "desalojo con realojo". Agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que recurrir a la fuerza para despejar a una veintena de personas del portal. La resistencia de algunos vecinos, atrincherados en sus casas, provocó la intervención de los bomberos.

La. Cava Baja Vivió ayer una concentración inusual de vehículos....

Tres meses después de su declaración de ruina, el inmueble de Cava Baja, 30, se ha quedado sin vecinos. El Ayuntamiento de Madrid realizó un gran despliegue de medios para expulsar a las 16 familias que aún quedaban en el ediflicio y que pedían un "desalojo con realojo". Agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que recurrir a la fuerza para despejar a una veintena de personas del portal. La resistencia de algunos vecinos, atrincherados en sus casas, provocó la intervención de los bomberos.

La. Cava Baja Vivió ayer una concentración inusual de vehículos. Patrullas y furgonetas de la Policía Municipal y del Cuerpo Superior, una ambulancia, dos coches de bomberos, des camiones de mudanzas, una furgoneta con material de construcción y un coche más para los funcionarios-cerrajeros. El objetivo: el desalojo forzoso de 16 viviendas del inmueble del número 30 de Cava Baja, declarado en estado de ruina inminente el 8 de agosto.A las nueve de la mañana, una treintena de personas recibieron, con gritos y pancartas y taponando la entrada a la finca, a los funcionarios de la junta municipal de Centro que venían armados con la autorización judicial de la magistrada Cristina Cadena, titular del juzgado de instrucción número cinco de Madrid. El secretario general de la junta, Enrique Mezquita, aguantó un minuto entre quienes gritaban "Ayuntamiento, complice de la especulación" y "sin realojo, ningún desalojo". Mezquita solicitó la presencia de la "fuerza pública".

María Roces, presidenta de la coordin adora por el Derecho a la Vivienda, encabezaba la protesta. "A ocho familias de Cava Baja, 30, como a, las de afectadas por los exped.ientcs de ruina de Tres Peces, el Ayuntamiento les ha dado un alojamiento provisional, ¿por qué no a los 16 que quedan aquí?". Mezquita, esta vez acompafíado por policias, explicaba a los vecinos: "Debemos precintar las vivienclas. La jurta les alojará en dos pensiones". La conteslación fue unánime: "No varnos a ir voluntariamente a una pensión".

Cacerolada

Sobre la 9.30, la policía cargó contra los vecinos y despejó el portal. Una decena consiguió entrar en la casa. Cerraron las puertas y montaron una barricada con somieres y ladrillos. Desde los balcones de otros edificios los vecinos hacían sonar las cacerolas. En un clima de tensión, los bomberos tiraron la puerta del portal, los cerrajeros abrieron a continuación las puertas de las viviendas, donde se habían refugiado los vecinos, y dieron paso a brigadas de albañiles que inmediatamente -y en varios casos sin tiempo para retirar enseres del interior- tapiaron las entradas. En los incidentes resultaron heridos un agente del Cuerpo Nacional de Policía y otro de la Policía Municipal, según fuentes de este último cuerpo.Los afectados, ocho de los cuales se subieron al tejado, salían a cuentagotas con los enseres en la mano. El oficial de la Policía Municipal denegaba la entrada a la Prensa: "No se puede entrar porque es peligroso, hay grietas donde cabe el puño", decía. El concejal de IU, Felix López Rey, protestaba por lo que considera "moralmente injusto": "La empresa propietaria les ofrece quedarse tras la rehabilitación con alquileres de 60.000 pesetas cuando muchos son pensionistas".

Cava Baja, 30, que alberga al popular Mesón del Segoviano, fue adquirido en diciembre de 1988 por la empresa Dainursa, de la que era socio el concejal del CDS Ramón Tamames, que se desvinculó de la sociedad ocho días antes de la declaración de ruina.