La Fiscalía pide que se abran diligencias a Gas Madrid por presuntas coacciones''
La Fiscalía General del Estado ha remitido al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que se abran diligencias informativas, la denuncia presentada contra Gas Madrid por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) por un presunto delito de coacciones sistemáticas sobre los usuarios. La FRAV, la suministradora y el director general de Industria comparecieron ayer en la Asamblea regional.
El fiscal general del Estado da curso así a la denuncia presentada por la FRAV el 28 de septiembre de 1989. Los vecinos denunciaron entonces la campaña de ins...
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La Fiscalía General del Estado ha remitido al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que se abran diligencias informativas, la denuncia presentada contra Gas Madrid por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) por un presunto delito de coacciones sistemáticas sobre los usuarios. La FRAV, la suministradora y el director general de Industria comparecieron ayer en la Asamblea regional.
El fiscal general del Estado da curso así a la denuncia presentada por la FRAV el 28 de septiembre de 1989. Los vecinos denunciaron entonces la campaña de inspecciones que tiene en marcha Gas Madrid, por considerar que durante dicho proceso la empresa suspende el suministro a los usuarios para tratar de coaccionarlos para que reparen sus instalaciones y las dejen así listas para la posterior sustitución del gas ciudad por gas natural, proceso que debe asumir íntegramente Gas Madrid.
Castro, presidente de la FRAV, hizo público este hecho tras su comparecencia en la Asamblea, donde también acudieron José María Sáez, director general de Gas Madrid, y Luis Pancorbo, director general de Industria, ante la comisión de Economía del Parlamento madrileño. Las tres partes expusieron sus posturas sin que se produjera acercamiento alguno.
Gas Madrid reconoció que en los últimos dos años se ha multiplicado el número de personas que han impedido la entrada en sus casas a los técnicos de la compañía. Sáez puntualizó que de las 157 negativas de los usuarios que se produjeron en 1987, se pasó a 711 en 1988 y a 1.300 en 1989. Gas Madrid informó que durante este año se ha cortado el gas a 12.000 de los 119.000 usuarios inspeccionados.
Priscillano Castro insistió en su tesis de que Gas Madrid intenta con las inspecciones -durante las que aparecen fugas en las instalaciones que el usuario tiene que repararar- hacer correr a los usuarios con los gastos del cambio de gases. "El usuario repara sus cañerías y ésta ya esta lista para el cambio", matizó.
Mientras, Carmen Álvarez Arenas, diputada del PP que había solicitado la comparecencia, reprochó a Pancorbo el no haber intervenido en el litigio del gas y a los vecinos el impedir las inspecciones.