Los trabajadores de lmepiel se pronuncia hoy sobre la propuesta de Trussardi

La reestructuración de la plantilla de trabajadores es el único obstáculo serio que está ralentizando el cierre de la operación de reprivatización de la fábrica de calzados Industrias Mediterráneas de la Piel (Imepiel) de Vall d'Uixó (Castellón). La Dirección General del Patrimonio del Estado, propietaria de la factoría desde el año 1977, llegó en las pasadas semanas a un acuerdo con un grupo de empresarios privados, encabezado por la firma italiana Trussardi, para la venta de Imepiel. Los trabajadores se pronuncian hoy sobre sus planes de reestructuración.

La pretensión inicial del nue...

La reestructuración de la plantilla de trabajadores es el único obstáculo serio que está ralentizando el cierre de la operación de reprivatización de la fábrica de calzados Industrias Mediterráneas de la Piel (Imepiel) de Vall d'Uixó (Castellón). La Dirección General del Patrimonio del Estado, propietaria de la factoría desde el año 1977, llegó en las pasadas semanas a un acuerdo con un grupo de empresarios privados, encabezado por la firma italiana Trussardi, para la venta de Imepiel. Los trabajadores se pronuncian hoy sobre sus planes de reestructuración.

La pretensión inicial del nuevo propietario de reducir en un 50% la actual plantilla de la fábrica (1.450 trabajadores) choca frontalmente- con los intereses del comité de empresa, que a lo sumo está dispuesto a aceptar una reducción de un tercio de la plantilla. Para defender esa postura los trabajadores están dispuestos a llevar a cabo todo tipo de movilizaciones, extremo que preocupa a los nuevos propietarios, que no se decidirán a hacerse cargo de la factoría "hasta que la paz social no esté garantizada en la fábrica", matiza el abogado catalán Ginés Marfá, representante legal de Trussardi en España y responsable de las negociaciones con la Administración y el comité de empresa, que ha manifestado asimismo, su deseo de llegar lo antes posible a un acuerdo.La reducción que propone el nuevo propietario conlleva tres apartados. Por una parte, la jubilación anticipada, con los correspondientes complementos, para los trabajadores mayores de 53 años -unos 250 aproximadamente-; por otro lado, la recolocación en otras industrias de la zona de un segundo grupo de trabajadores, para lo cual los representantes de Trussardi están en negociaciones con el Gobierno autónomo de la Comunidad Valenciana y, por último, un tercer grupo al que se daría la baja directamente. Este último segmento es el que plantea mayores dificultades, sobre todo a la hora de pactar las indemnizaciones a las que los trabajadores tienen derecho. En principio el nuevo propietario propone una indemnización de 20 días por año trabajado, pero el comité de empresa rechaza tajantemente esa oferta.

Otro aspecto del plan de viabilidad que propone Trussardi para Imepiel sería la posible eliminación de una de las tres unídades de producción de la fábrica, concretamente la de goma -las otras son las de calzados y curtidos. Asimismo, Ginés Marfá subraya que a partir del tercer año Trussardi se plantearía la posiblidad de fabricar zapatos para mujer, hasta ahora ausentes de la producción de la factoría. En último término, el representante de Tussardi asegura que la única posibilidad de hacer rentable Imepiel es aplicar ese plan de viabilidad. "De lo contrario, la industria está abocada al cierre, y evidentemente no nos vamos a meter en un negocio ruinoso. Con nuestras medidas se puede garantizar que a partir del tercer año ya habría beneficios y con ello se volvería a recuperar Imepiel para Vall d'Uixó, que se convertiría en el centro de producción de calzados para toda Europa de ese grupo de empresarios", concluye Ginés Marfá.

Por su parte, el comité de empresa, que hoy lunes dará a conocer las medidas de protesta que realizarán en contra de la venta de Imepiel, sostiene que únicamente aceptarán la reprivatización de la fábrica si las bajas de la plantilla van acompañadas de las suficientes indemnizaciones y además si la Administración se compromete a ser solidaria durante el transcurso de los tres primeros años tras la venta.

A juicio de José Badenes, presidente del comité de erripresa, de USO, la reestructuración de la plantilla tan sólo debería afectar a un tercio de los trabajadores. "Pero además nos encontramos con que Trussardi plantea esa reestructuración por la vía del expediente de extinción de relaciones laborales, de acuerdo con el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Esto supone unas indemnizaciones de 10 días por año trabajado, con un máximo de 12, lo que vendría a suponer 1.200.000 pesetas para cada trabajador. Evidentemente esto no lo vamos a aceptar", dice Badenes, quien aseguró que si Trussardi no varía sus posturas los trabajadores no dudarán en llevar a cabo todo tipo de movilizaciones.