El disparate

EL SILENCiO de los demás dirigentes de UGT que ha seguido a las declaraciones de Saracíbar sobre la eventual implantación de un sistema de afiliación sindical obligatoria constituye la mejor prueba de que, en esta ocasión, el número dos de la central socialista había disparatado fuera del tiesto. La primera reacción fue de incredulidad. No puede haber dicho eso. Pero sí lo dijo. Lo que pasa es que no sólo dijo eso. Lo sustancial de su mensaje hacía referencia a la posibilidad de modificar el sistema de determinación de la representatividad de cada central en las empresas y los órganos i...

EL SILENCiO de los demás dirigentes de UGT que ha seguido a las declaraciones de Saracíbar sobre la eventual implantación de un sistema de afiliación sindical obligatoria constituye la mejor prueba de que, en esta ocasión, el número dos de la central socialista había disparatado fuera del tiesto. La primera reacción fue de incredulidad. No puede haber dicho eso. Pero sí lo dijo. Lo que pasa es que no sólo dijo eso. Lo sustancial de su mensaje hacía referencia a la posibilidad de modificar el sistema de determinación de la representatividad de cada central en las empresas y los órganos institucionales de participación. Esa representatividad se establece en función de los votos obtenidos por cada central en las elecciones sindicales. La alternativa sería que tal representatividad dependiera del número de afiliados que cada sindicato pudiera acreditar en el ámbito correspondiente. Como prolongación de su razonamiento, añadió la hipótesis de la afiliación obligatoria.El argumento de fondo para ambas propuestas no es una novedad en UGT. Parte de la consideración de que es injusto que el conjunto de los trabajadores se beneficie de unos convenios que negocian los representantes sindicales y cuyos costes asumen únicamente los afiliados por medio de sus cuotas. De hecho, UGT ya planteó hace años la posibilidad de que todos los trabajadores pagasen un canon de negociación a las centrales con presencia en el centro de trabajo. Pero la defensa abierta de esa propuesta en las asambleas hubiera resultado antipática y escasamente electoral. Por ello, se olvidó.

Entonces, ¿por qué se la resucita ahora por una vía indirecta y harto provocativa? Porque en los próximos meses se celebrarán las cuartas elecciones sindicales de la democracia y UGT teme perder la hegemonía de que ha disfrutado desde 1982. La otra central mayoritaria CC OO, llegó a la democracia mejor situada que UGT como consecuencia de su superior protagonismo, en tanto que movimiento sociopolítico, en la oposición al franquismo. Sin embargo, una vez afianzadas las instituciones y confirmada la posición del socialismo como eje de la izquierda, el sindicalismo de concertación propugnado por el PSOE y la UGT desplazó del primer puesto a CC OO. Esa posición fue mantenida en las elecciones sindicales de 1986, aunque con retrocesos significativos en algunas grandes empresas. El giro de la cúpula ugetista hacia un sindicalismo de confrontación -y de unidad de acción con CC OO-, esbozado en 1985 y culminado en 1988 con la ruptura abierta con el PSOE, provocó éxitos en el terreno de la movilización tan importantes como la huelga general de diciembre.

Pero dista de ser evidente que esa nueva línea favorezca las expectativas electorales de UGT. De momento, experiencias como la de Seat y otras grandes empresas parecen indicar que, si de radicalismos se trata, los trabajadores prefieren votar a centrales cuyo radicalismo es más genuino. Y, en todo caso, el temor a que eso ocurra, y precisamente en beneficio de CC OO, está bastante afianzado entre los cuadros de UGT. Saracíbar se ha limitado a expresar ese temor en voz alta. Su propuesta se basa en la convicción de que, si bien muchos asalariados están seguramente dispuestos a votar una candidatura sindical de CC OO, son muchos menos los que estarían dispuestos a afiliarse a esa central. El hecho de que, según estudios, casi dos terceras partes de las personas que en las elecciones sindicales votan por CC OO lo hagan al PSOE en las elecciones políticas es suficientemente revelador al respecto. Al pretender que la representatividad se establezca en razón del número de afiliados, UGT trata de aprovecharse de esa situación. Entonces, la propuesta de Saracíbar podrá considerarse inoportuna, anticonstitucional, ventajista, pero no carente de lógica. Sólo que admitir esa lógica implica reconocer la derrota de la línea actualmente seguida por UGT. Derrota cuyo origen no es ningún misterio: se fraguó el día en que la dirección ugetista se mostró incapaz de convertir la capacidad de movilización acreditada el 14-D en capacidad de negociación.