El Grupo Popular dice que la mitad de las contrataciones se hacen "a dedo"

Los socialistas rechazaron en el pleno del Congreso de ayer la creación de una comisión especial que analice las "condiciones en las que se están llevando a cabo las contrataciones directas de obras, servicios y suministros para garantizar una mayor seguridad jurídica de las adjudicaciones", a propuesta del Grupo Popular. Su portavoz, Felipe Camisón, afirmó que "el abuso desmesurado puesto en boga a nivel central, y consentido por el Gobierno, se ha extendido como la peste por todo el país".Felipe Camisón pormenorizó por ministerios las contrataciones de obras y servicios adjudicados directame...

Los socialistas rechazaron en el pleno del Congreso de ayer la creación de una comisión especial que analice las "condiciones en las que se están llevando a cabo las contrataciones directas de obras, servicios y suministros para garantizar una mayor seguridad jurídica de las adjudicaciones", a propuesta del Grupo Popular. Su portavoz, Felipe Camisón, afirmó que "el abuso desmesurado puesto en boga a nivel central, y consentido por el Gobierno, se ha extendido como la peste por todo el país".Felipe Camisón pormenorizó por ministerios las contrataciones de obras y servicios adjudicados directamente o "a dedo" de distintos años, y, en el caso de 1986, de cuyo ejercicio se tienen datos cerrados, "más de la mitad del volumen contratado se dio a dedo".

Los socialistas no entraron en detalle, sino que apelaron a la bonanza de la actual legislación en cuanto que garantiza el control en las adjudicaciones. El diputado del PSOE Elías Cebrián afirmó que la comisión que propugnan los populares duplicaría las funciones que corresponden al Tribunal de Cuentas y produciría una información al Congreso ociosa, ya que se puede disponer de ella a través de la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Los socialistas rechazaron ayer todas las iniciativas de la oposición y entre ellas una moción del Grupo Popular que, aunque formalmente se denominaba "medidas que garanticen los servicios esenciales en caso de conflicto", no hacía sino pedir una ley de huelga y ello antes del mes de julio. Los socialistas dijeron que no, que en tan breve plazo no habría tiempo para conseguir el deseado consenso "político y sindical". No obstante, el diputado del PSOE Francisco Arnau aseguró que la futura ley de huelga "será progresista", en la misma línea que la ley de libertad sindical "recurrida por la derecha".