España no consigue que la CE permita la libre residencia de estudiantes y jubilados

La presidencia española no logrará en su mandato que los doce adopten una de las directivas que más empeñada estaba en hacer aprobar, la que consagra la libertad de residencia para estudiantes y jubilados. Formulada hace 10 años por la Comisión, se discutió 61 veces, pero seguía en un "callejón sin salida", según opinó el comisario Martin Bangemann, quien, en consecuencia, tomó ayer la inusitada decisión de retirarla de la mesa, lo que supone un revés para España.

Dejando de lado su habitual cautela, el secretario de Estado español, Pedro Solbes, que presidió un consejo de ministros enc...

La presidencia española no logrará en su mandato que los doce adopten una de las directivas que más empeñada estaba en hacer aprobar, la que consagra la libertad de residencia para estudiantes y jubilados. Formulada hace 10 años por la Comisión, se discutió 61 veces, pero seguía en un "callejón sin salida", según opinó el comisario Martin Bangemann, quien, en consecuencia, tomó ayer la inusitada decisión de retirarla de la mesa, lo que supone un revés para España.

Dejando de lado su habitual cautela, el secretario de Estado español, Pedro Solbes, que presidió un consejo de ministros encargado de hacer avanzar el mercado único, calificó de "sorprendente e inadecuada" la iniciativa del comisario alemán, porque "pone en peligro la creación de un espacio europeo sin fronteras" en 1993. "Nos hubiera parecido conveniente que consultase previamente con nosotros su decisión", añadió.El Ejecutivo comunitario, que ostenta prácticamente el monopolio de la iniciativa en la CE, propuso en 1979 regularizar y armonizar la libertad de residencia para los no trabajadores, es decir, el derecho a instalarse en un país europeo que no sea el suyo para estudiantes, jubilados y una tercera categoría que incluye a rentistas y enfermos crónicos. Los trabajadores y sus familias gozan ya de esta libertad.

Tres capitales ponían reparos a la directiva, que requiere unanimidad para ser aprobada. Copenhague, porque la consideraba jurídicamente errónea; La Haya, porque temía que incrementase fuertemente el gasto de su Seguridad Social, y Atenas, porque estimaba que los requisitos económicos exigibles a los numerosos griegos que cursan sus estudios en el extranjero eran excesivos. Un compromiso elaborado por la presidencia permitió, según fuentes españolas, un acercamiento, aunque Dinamarca seguía cuestionando el fundamento jurídico del texto.

Bangemann tiene intención de trocear la anterior propuesta en tres destinadas a jubilados, estudiantes y otras personas pasivas, para de que su aprobación no necesite ya la unanimidad. Pero aunque consiga, como es su propósito, presentar sus directivas antes de que acabe el semestre español, Solbes opinó que, en el mejor de los casos, la que concierne a los estudiantes no podría ser adoptada antes de un año, y las otras dos no obtendrán nunca el visto bueno de la mayoría de los doce.

"Es posible que dispongamos de un texto sobre estudiantes más generoso que el que estábamos examinando", afirmó el secretario de Estado, "pero a costa de negar el derecho de residencia a los jubilados". "El precio que vamos a pagar es demasiado alto". Sus palabras ponen de relieve la amargura que a España le produce que no se adopte bajo su mandato una importante propuesta relacionada con la Europa de los ciudadanos y la libre circulación de personas en la que el presidente del Gobierno español, Felipe González, puso mucho énfasis cuando explicó sus objetivos para la presidencia.